Ayer en un debate, el concejal Yefferson Miranda, del partido verde, puso el dedo en la llaga, y denunció una vez mas la arbitrariedad de las llamadas batidas por partes del ejercito en Medellín. Además, hizo una propuesta concreta al alcalde Aníbal Gaviria.
Miranda se crió en las laderas nororientales de Medellín y cuando la violencia crecía en los años 90, recuerda como el ejercito subía a su barrio, reunía a unos jóvenes y se los llevaba amarrados, caminando en fila, hacia un camión. En su imaginación de niño, Miranda pensaba que se trataba de delincuentes que habían sido arrestados. En realidad, se trataba de batidas del ejercito que de esta manera reclutaba forzosamente a jóvenes para la guerra.
Hoy en Medellín el ejército no amarra a los jóvenes, pero sí sigue recogiéndolos, de manera arbitraria e ilegal, en camiones para llevarlos en contra de su voluntad a los batallones con el fin de determinar su situación militar. Miranda calcula que en Medellín anualmente pueden haber hasta 600 jóvenes reclutados de esta manera.
La corte constitucional se pronunció de manera clara. La sentencia C-879/11 declara que el reclutamiento de jóvenes para el ejercito, “no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por autoridades militares por largos períodos de tiempo con el propósito no solo de obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y si resulta apto finalmente incorporarlo a filas.”
Pero la manera arbitraria con la cual el ejército recluta a jóvenes en Medellín no es solamente un problema de legitimidad y legalidad. Es algo que va mucho más allá: es un asunto de civilidad.
En este tercer milenio, una sociedad moderna y democrática, no debería tolerar un ejército que de manera arbitraria continúa realizando practicas que pertenecen a épocas del pasado y a conceptos superados. Esto no solamente habla mal del ejercito y del liderazgo civil que debería ejercer control sobre su actuación, sino también de la sociedad (en este caso la sociedad paisa) que tolera con indiferencia esta arbitrariedad.
Medellín es una ciudad que se enorgullece de su progreso, de su modernidad y por ser la más innovadora. Desde la administración Fajardo, la capital antioqueña es un ejemplo para Colombia de inversión en educación, y con el alcalde Salazar la ciudad priorizó la lucha contra la desigualdad. Por esto, es contradictorio que hoy Medellín tolere practicas arbitrarias y obsoletas por parte del ejercito. Esto no es avanzar, sino retroceder.
Para superar esta contradicción, el concejal Miranda hizo una propuesta concreta y sensata al alcalde; suspender la financiación de 600 millones de pesos para las jornadas de reclutamiento del ejército, hasta que este no ponga un alto a las llamadas batidas. Vamos a ver si el alcalde Gaviria logra demonstrar coraje y liderazgo en este tema que afecta la vida de centenares de jóvenes (sobre todo los de estrato bajo) de su ciudad.
Para encontrar alternativas a las batidas, el alcalde Petro en Bogotá logró un importante acuerdo con el ejercito. ¿El alcalde Gaviria será capaz de hacer lo mismo en Medellín?