La prensa en Colombia le ha dado un amplio espacio a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero le ha prestado muy poca atención a la existencia en Washington de un Grupo de Monitoreo del Congreso que irá evaluando muy de cerca el progreso de los derechos de los trabajadores en el país. La implementación de tales derechos sigue siendo una prioridad para Washington.
En la época de la Cumbre de las Américas, cinco representantes del Congreso de los Estados Unidos, que son a la vez miembros del Grupo de Monitoreo (George Miller, Jim McGovern, Michael Michaud, Hank Johnson y Rosa DeLauro), enviaron una carta extensa con preguntas puntuales al ministro del Trabajo, Rafael Pardo. La carta expresa preocupación “por las continuas dificultades que los trabajadores enfrentan cuando tratan de ejercer su derecho a asociarse libremente y a constituir sindicatos”. A continuación presento los apartes principales de la carta.
La situación de los trabajadores del puerto de Turbo. Recientemente hemos recibido comunicaciones de la Unión Portuaria de que 450 trabajadores portuarios en el municipio de Turbo decidieron formar un sindicato, Sigtraporcol, pero que por lo menos 70 trabajadores en el sector del plátano y banano han sido despedidos. Compañías como Banacol y Uniban presionan a los trabajadores portuarios que desean seguir siendo empleados a proporcionar una certificación que demuestre que no están afiliados a ningún sindicato. ¿El Gobierno ha analizado si estos despidos o la insistencia de los empleadores de contratar sólo a los trabajadores que rechazan la pertenencia a un sindicato son violaciones del artículo 200 del Plan de Acción Laboral?
El año pasado, los trabajadores de Pacific Rubiales Energy se declararon en huelga. La huelga fue disuelta en gran medida después de que el campamento de trabajo fue allanado y las fuerzas armadas del gobierno ayudaron a la compañía a bloquear carreteras. Más de 1.000 trabajadores afiliados a la Unión Sindical Obrera fueron despedidos después de que sus contratos a corto plazo vencieron. ¿Qué se está haciendo para asegurar que la libertad de asociación de los trabajadores se esté respetando, y que los trabajadores que fueron despedidos hayan sido reintegrados?
Cuestiones de impunidad. Un elemento clave del Plan de Acción del Trabajo era aumentar el número de investigadores y fiscales para enfocarse en los asesinatos de sindicalistas. Sin embargo, parece que hay poco progreso en estos casos y los sindicalistas siguen siendo amenazados y asesinados. ¿Cuántas condenas por homicidio de líderes sindicales ha habido desde hace un año? ¿Cuántos autores intelectuales han sido condenados en el último año?
Las preguntas de los miembros del Grupo de Monitoreo del Congreso de los Estados Unidos son una muestra de cómo Washington seguirá presionando al Gobierno colombiano en materia de derechos laborales. Qué bueno sería si el ministro Pardo, además de contestarles a los congresistas estadounidenses, proporcionara las respuestas a las mismas preguntas también a los colombianos.