Habrá que convenir en que la ley que impide —o sanciona— la mezcla del trago con el timón era necesaria y urgente. Una cerveza, un retén de Policía y listo: medio millón de pesos, 10 días sin carro, pago de grúa y parqueadero.
Funcionó; tres cervezas o dos whiskies: 25 millones de multa, carro retenido por dos meses y cancelación del pase. Resultado: cero muertos por choferes borrachos en Navidad. Pero también —soy ave de mal agüero— va a contribuir a la corrupción de las iguanas, como llaman los taxistas a los policías de circulación o de tránsito. Los dueños de los patios y de las grúas y, claro, los policías que se dejen sobornar, se van a enriquecer a tope y más allá del tope establecido, que eran 50 pesitos. He sabido de casos en los que el policía que pide papeles es dueño de la grúa o amigo del propietario del patio, o un colaborador de la empresa de transporte. Las combinaciones son infinitas. Pero la ley, así colabore a la corrupción, era ineludible. No se podía aceptar más que 180 personas terminaran muertas a manos de conductores borrachos o “alicorados”, en la jerga del intrépido general Palomino.
La violencia en calles y carreteras no se agota con la ley para la conducción bajo el influjo del alcohol y otras sustancias psicoactivas. La velocidad, la cultura del más vivo, del “usted no sabe quién soy yo” sigue dejando muertos, mutilados, malheridos. Más sangre que el conflicto armado. Una de las medidas que las autoridades han tomado es la de las rayas amarillas que permiten o impiden adelantar otro vehículo. Necesaria, también, aunque muy equívoca en carreteras estrechas de dos carriles y miles de tractomulas —para arriba y para abajo— llevando petróleo, contrabando o maíz importado. Ocupan dos carriles en cada curva y son el poder real en las vías. La Policía poco hace. O poco ve. O ve lo que quiere. Yo sospecho que las cosas se arreglan por encima o por debajo, pero la ley no se cumple porque, además, es imposible de cumplir en las condiciones físicas o geológicas de nuestras vías, con muy pocas excepciones.
A esas condiciones hay que agregar el problema que representan las motos, que son ya millones. La gente compra moto porque el transporte público es pésimo, demorado, peligroso, sucio. Las concesionarios entregan un vehículo de estos con una cuota inicial muy baja y una mensualidad más baja que los gastos de transporte, que son en el país muy caros por el costo de los combustibles y de los monopolios asociados a políticos y funcionarios. Y, claro, a la corrupción galopante. Total, mejor moto. Y a hacer en ella lo que sea necesario para llegar: caracolear, pasar por un lado o por el otro, hacer ruido, huir y colaborar con los policías torcidos o por torcer. A la Policía lo único que le interesa —lo que es raro— son los papeles del seguro obligatorio en orden; de resto, que las motos hagan lo que quieran, atropellen a quien se les atraviese y sean atropellados por los choferes que consideran que las motos no tienen derecho porque son más baratas y sus dueños mas pobres. Todos los días uno ve en calles y avenidas una moto patas arriba y un zapato a media cuadra, cerca de donde está “la ley”, hablando por celular y mirándose las botas. Las estadísticas de accidentes y de muertos causados por y en motocicletas deben ser miedosas. Más, escabrosas, sabiendo que hay leyes que castigan las barbaridades que hacen los motociclistas y las motociclistas —que cada día son más— y las no menos brutales que se hacen contra ellos y ellas. Si uno fuera suspicaz, tendría que concluir que hay una sociedad entre importadores y autoridades de tránsito que permiten la vigencia de la ley de todos contra todos y viceversa, como dirían las reinas de belleza.