ACABA DE SER PUBLICADO EL INFORme de la alta comisionada de la ONU sobre los Derechos Humanos en Colombia. Uno puede creer que este tipo de publicaciones oficiales son efecto de consideraciones humanísticas profundas.
Y sin duda, en sus orígenes y posteriores desarrollos, los fundamentos éticos juegan un importante papel. Pero más allá, cumplen otra función: sugerir los peligros políticos que amenazan un régimen social. Peligros políticos, es decir, relacionados con la estructura de poder de un país. Más claro, las empresas multinacionales toman muy en cuenta esos informes como síntomas que condicionan el carácter de sus inversiones. Para las inversiones de los llamados capitales golondrina, la violación de los DD. HH. para mantener un gobierno puede ser un aliciente porque son movimientos de capital especulativo muy rápidos y sin ningún compromiso. En general son producto de arreglos personales entre los altos mandatarios de un país y los altos funcionarios de una multinacional. La violación de los DD. HH. se hace pasar como control de los factores perturbadores del orden. O sea: de las condiciones de relativa estabilidad política que hacen posible las altas tasas de ganancia basadas en la explotación, la corrupción, el chantaje y los sobornos. Por esa razón aprecian los informes de la ONU y de muchas ONG, porque los leen al revés. Donde se dice violación, leen provecho y favorabilidad; donde dice represión, leen garantías inversionistas, cohesión social, orden institucional, seguridad democrática. El factor que produce esa condición óptima para dichos inversionistas son las Fuerzas Armadas, apoyadas por el juego de medios de comunicación, partidos políticos y, claro está, las elites. O algunas elites, las que piensan al contado. Hay otros intereses económicos y sociales que leen al derecho y entienden que la violación de los DD. HH., la represión, el asesinato, la desaparición, los falsos positivos, las torturas son síntomas peligrosos que encubren un volcán que, de estallar, podría arrastrar con todo: inversiones, acumulados, poderes establecidos, constituciones, leyes, autoridades. Un magma social contenido por una muralla de héroes de acero que termina fundiéndolos. Se ha visto y hoy se está viendo en el Cercano Oriente.
El informe de la Alta Comisionada sobre los DD. HH. en Colombia durante 2010 no es tranquilizador. Para nada. A pesar de que divide el año en dos partes –hasta agosto y desde agosto– y le abre un generoso crédito a Santos, el balance es negativo. Uribe se fue sin explicar 3.000 falsos positivos —la mayoría ocurridos entre el 2004 y el 2008— una cifra que, por lo demás, no puede evadir Santos. Aunque el informe confirma la “disminución de la práctica de presentar como muertos en combate personas que se encontraban a disposición del Ejército”, añade que hubo un muy “preocupante retroceso en 2010 de la colaboración de la justicia penal militar con la justicia ordinaria en el traslado de casos de muertos en combate con signos de violaciones de los derechos humanos”. Lo que, digo yo, podría explicar la disminución de la siniestra “práctica”. Para la ONU, las masacres continúan y aumentaron un 40% en el contexto de disputas entre grupos bautizados Bacrim. Sobre la Ley 975 –Justicia y Paz– las cifras son contundentes: menos del 54% de los procesados, que constituyen aproximadamente el 4,5% de todos los desmovilizados, “ha contribuido al derecho a la verdad por medio de versiones libres”. Es decir, impunidad, impunidad, impunidad. Reitera el incremento de la violencia contra personas que participan en la restitución de tierras, que es una de las estrategias de los de siempre para bloquear la ley en el Congreso. La otra es la parapolitica: 13 de los parlamentarios reelegidos –dice el informe– están ante la Corte Suprema de Justicia, con los que se ajustan 120 procesos contra estos personajes. Para los incrédulos sobre las cifras que publicó la Fiscalía hace unos días –y sobre las que yo he martillado– el informe es todavía más cruel: “A noviembre, el total de personas desaparecidas registradas sumaba 51.310, de las cuales 12.632 han sido consideradas presuntas desapariciones forzadas. El aumento en el registro de casos de desaparición con respecto a 2009 es casi del 40%”. De esta consideración se desprende el beneplácito de la ONU por “el valor de la histórica decisión judicial proferida en junio por algunas de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco de los trágicos eventos del Palacio de Justicia en 1985”. O sea, por la condena a Plazas Vega.
Mirando más allá de las cifras y de las sólidas denuncias, no puede uno dejar de preguntarse: Y tanta sangre y tanto sufrimiento, ¿para qué? Alienta que la ONU acoja las “consideraciones públicas en torno a posibles acercamientos de paz del gobierno del presidente Santos y de las guerrillas”.