POCOS DUDAN DE QUE LAS CHUZAdas a teléfonos y correos electrónicos sean una política de Uribe. Ha sido siempre el recurso de todo déspota.
Ni los más altos funcionarios se sienten seguros de que no sea una medida —algo paranoica sí— tomada a la tapiñonga por el Presidente. Lo cual quiere decir que su excelencia tampoco se siente seguro de aliados como Juan Manuel Santos. Con toda razón, por lo demás. Me parece más grave la chuzada a periodistas. No digo a los más conocidos, como Julito, Darío Arizmendi o Alejandro Santos. Ni al más imbécil se le puede ocurrir que ellos estén conspirando. Lo que el Gobierno busca es tener un mapa detallado de las fuentes de información de los periodistas. El blanco, como dicen los militares, no son propiamente los editorialistas, sino los redactores y reporteros que reciben llamadas, hacen citas y comentan por teléfono o por internet los contextos de la noticia.
Dicho de otra manera: es un atentado contra el derecho y el deber que tienen los periodistas de no revelar sus fuentes. Con la sola noticia de que se chuza a diestra y siniestra se cohíbe y hasta anula la libertad de investigación e información. En el fondo lo que el Gobierno busca es que toda la información esté sometida a las fuentes oficiales. La SIP —tan celosa siempre de la libertad de expresión— debe pronunciarse y denunciar el atropello. La solución que le dio el Gobierno al problema es ridícula: poner a la Policía a vigilar al DAS es como amarrar un gato con longaniza.
– He sido un crítico constante de las medidas que toma el Gobierno en materia ambiental. No he podido aceptar, por ejemplo, que a Besudo y a sus compañías les otorgue el privilegio de explotar para sus bolsillos lo que el esfuerzo de miles de colombianos ha defendido y conservado como parques nacionales. El ávido empresario y hombre de coctel se dio mañas de quedarse con el Parque de Amacayacú, en el Amazonas; con el Tayrona —donde disfraza a sus empleados de indígenas— y el de los Nevados. Ya debe tener el ojo puesto sobre otros: Ensenada de Nutría, El Tuparro, El Cocuy, Puracé, etc. Por esta razón, me sorprende que el ministro Juan Lozano haya salido en defensa de reservas forestales y parques nacionales frente a la gula insaciable de las grandes transnacionales de la minería.
De hecho, el Gobierno ha gastado millones y millones de dólares en la guerra para rodear de todo tipo de garantías a estos monstruos. Hacer la guerra es la condición primera de los inversionistas extranjeros. ¿Cuántos compatriotas muertos, asesinados, desaparecidos, perseguidos han costado los dólares invertidos por estas compañías? En Santander, Caldas, Antioquia, Meta, Arauca, primero tuvieron que pasar los paramilitares con sus motosierras y después el Ejército con sus llamados falsos positivos, para que los planes de inversión que las transnacionales tenían ya escritos se pusieran en marcha. Órdenes son órdenes. Por eso me ha parecido tan valiente y digno el ministro Juan Lozano al parar a la AngloGold Ashanti en el caso de La Colosa, una mina de oro en Cajamarca, donde la compañía quiere afectar la zona de Reserva Forestal. La minería, así sea de empresas extranjeras y de oro, no puede destrozar nuestro patrimonio ambiental. Por este motivo, un tal señor Cañas, vocero de las compañías mineras, ha calificado la posición de Lozano como caprichosa y demagógica y amenazado con que las 15 hiperempresas mineras se irían del país por “falta de estabilidad jurídica”. Es decir, porque no se les obedece. ¡Fuerza, doctor Juan! A todo señor, todo honor.