EN LA HISTORIA SOCIAL SE HAN COnocido y estudiado múltiples casos de gobiernos que han prohibido algunos consumos. En diferentes períodos el café fue prohibido en Inglaterra, Arabia y Turquía.
El alcohol lo fue en Inglaterra, Finlandia, Suecia y los Estados Unidos (cuando fueron colonia inglesa y luego en la segunda década del siglo pasado). El tabaco fue prohibido en Inglaterra, Francia, Italia, Rusia, Turquía, Japón y China, entre otros. Los opiáceos han corrido con suerte diferencial: de ser estimulados por los ingleses en la guerra del opio con China, pasaron a ser prohibidos virtualmente en todo el mundo.
La coca ha tenido también momentos diferenciales: después de ser usada por Sherlock Holmes y Freud, consumida con placer como Vino Mariano por el Papa León XIII, y promocionada en la Coca-Cola como vigorizante, ahora se ha convertido en una especie de sustancia diabólica y prohibida. La marihuana también ha tenido su suerte diversa, pero también es hoy objeto de prohibición rabiosa en Estados Unidos.
Sí, pues, el prohibicionismo tiene una larga historia y sus bases han sido fiscales, morales, sanitarias, políticas, en fin, de muchas índoles, entre las cuales el puritanismo y la beatería no son extraños. Y en muchos casos ha fracasado, y algunos consumos antes prohibidos hoy son legales: los partidarios del prohibicionismo a veces han entendido que es una mala política, que sólo suscita clandestinidad, delincuencia, mala calidad de los productos, mafias, criminalidad, cuando no simples burlas a la autoridad.
Pero hay algo más de fondo: uno de los argumentos de hoy día contra ciertos consumos de drogas ilícitas se basan en el riesgo de que los consumidores se conviertan en adictos. Habrá que decir que, en contraste, las políticas prohibicionistas pueden ser tan adictivas como los consumos. En efecto, la adicción a prohibir produce males mentales incalculables: por ejemplo, fanatismo e intolerancia. Los colombianos no podemos desconocer que el prohibicionismo radical ha estado detrás de algunas “limpiezas sociales”, en las que asesinos y matones liquidan a drogadictos considerados indeseables y “desechables”. Y mejor no mencionemos los fenómenos mafiosos y paramilitares estimulados por las ingentes ganancias producidas por la prohibición.
Y otro rasgo igualmente peligroso de la adicción prohibicionista es que privilegia una actitud punitiva, en lugar de una perspectiva de salud pública: el consumidor recibe un castigo, se le multa o manda a la cárcel, y no se le brinda la ayuda que puede necesitar por parte de las organizaciones sanitarias.
Esa adicción tiene también efectos nefastos en la política nacional e internacional de algunos países: puede llevar a que los principales cabecillas de las organizaciones de narcotraficantes sean enviados a Estados Unidos a responder por sus contrabandos de cocaína, y se sacrifique así el derecho de las innumerables víctimas locales de los delitos de lesa humanidad que han sido suscitados por la codicia producida justamente por la prohibición.
Afortunadamente eso no pasa aquí: tenemos un Presidente tolerante y comprensivo que entiende que quien consume alguna sustancia adictiva no es un delincuente, sino alguien en necesidad. En consecuencia, propone que las licoreras departamentales se agrupen y constituyan una sola empresa, más eficaz y rentable, que venda más aguardiente, que estimule el alcoholismo y las ya proverbiales consecuencias en términos de riñas, abandono de hogares, violencia y miseria. Y al mismo tiempo anuncia que va a proponer por cuarta o quinta vez que se penalice la dosis personal de marihuana o cocaína, sin que le parezcan gestiones contradictorias.
Desafortunadamente para él, ni las licoreras se unirán, porque los intereses clientelistas locales no van a perder esas minas de plata, ni el Congreso aprobará la prohibición de la dosis personal. Mala suerte.