HACE UNOS AÑOS, CUANDO LAS TAsas de mortalidad homicida descendieron en las principales ciudades del país, el gobierno de Uribe adjudicó la proeza a los éxitos de la política de seguridad democrática.
No importó que hubiera una mala presentación de las cifras, y que se adjudicara a una política iniciada en 2002 los efectos que venían expresándose desde 1993, año en que se inició el fuerte descenso en las tasas de homicidios por cien mil habitantes. En Bogotá, venga el caso, pasamos de 80 en la fecha anterior, a un poco menos de 20 en 2002. Se trató, en la propaganda oficial, pues, de una relación supuestamente causal, pero al revés en el tiempo.
Se ha afirmado que este descenso se produjo como efecto de las políticas de Mockus y Peñalosa, pero esta atribución tampoco se sostiene, ya que el inicio del descenso fue previo a la llegada al poder del primero de ellos. Además, paralelamente con el fenómeno de Bogotá, en Medellín se estaba dando una tendencia similar. En Cali también descendían, aunque con menos vigor. Es decir, es necesario buscar explicaciones en otros factores. Aunque las políticas cívicas y criminales urbanas en Bogotá sí han tenido una fuerza notable para explicar una mejora generalizada en las condiciones de vida y convivencia ciudadana, es preciso considerar también cambios fuertes en políticas nacionales, obviamente anteriores a Uribe.
Al Presidente ciertamente se le debe reconocer el enorme esfuerzo que se ha traducido en un descenso generalizado de las tasas de homicidio y en un incremento de las percepciones de una mejor seguridad, pero esto no autoriza a ciertos propagandistas del régimen para decir que antes de Uribe reinaba el caos, que el país se estaba deshaciendo y que el Estado se encontraba al borde del colapso. Es necesario, además, reconocer que los comportamientos urbanos del delito tienen una cierta autonomía de lo que ocurre en el panorama nacional, y que las responsabilidades en las ciudades recaen principalmente en las autoridades locales, quienes deben contar con un fuerte apoyo de los aparatos de policía, justicia, inteligencia, salud y bienestar, y tener un decidido apoyo ciudadano. Así, si bien la cooperación de las autoridades nacionales es necesaria, esto no autoriza a que se adjudiquen los eventuales éxitos de las locales.
Esto está pasando hoy en Bogotá, pero al revés: si en el momento de los éxitos el gobierno nacional los reclamaba como suyos, ahora, cuando las tendencias parecen estar cambiando en la dirección de un deterioro, entonces la responsabilidad es del Alcalde, a quien se critica de manera despiadada por el simple hecho de no compartir ni la ideología ni el estilo de gobernar del Presidente.
El alcalde Moreno tiene muchos puntos débiles, y es necesario vigilar y criticar su gestión, pero esto no significa ponerse en el mismo plan de los cortesanos del uribismo ni hacer coro de sus maledicencias. Y Moreno le tiene que responder a su ciudadanía, y no a esos críticos interesados e intransigentes, quienes deben reconocer que la acción, y la inacción, presidencial también desempeñan un papel fundamental en nuestra inseguridad.