EL DOCUMENTO QUE HAN PRODUCIdo los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo debería ser conocido por quienes sienten insatisfacción con las políticas estatales colombianas frente a las drogas ilícitas. Se trata de un documento sensato que busca llamar la atención sobre los errores que los gobiernos colombianos recientes han cometido en el tratamiento del problema.
Se trata ante todo de reconocer la ineficacia de las políticas impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos de considerar la llamada “tolerancia cero” como algo efectivo para la reducción de los consumos de esas drogas. Y en consecuencia los ex presidentes hacen una serie de reflexiones conducentes a lo que llaman un cambio de paradigma. Un primer punto es la identificación del problema del consumo: en vez de tratarlo como un asunto de delincuencia, se lo debe ver como uno de salud pública, en cuyo caso cambian las responsabilidades y ya no es el castigo, sino la prevención, la educación y el tratamiento a los consumidores habituales lo que debe inspirar la política.
Los autores son claros en que las políticas prohibicionistas han producido peores consecuencias que el consumo, y cómo entre ellas están el “aumento del crimen organizado tanto por el tráfico internacional como por el control de los mercados domésticos y de territorios por parte de los grupos criminales; un crecimiento a niveles inaceptables de la violencia que afecta al conjunto de la sociedad y, en particular, a los pobres y jóvenes; la criminalización de la política y la politización del crimen, así como la proliferación de vínculos entre ambos que se refleja en la infiltración del crimen organizado en las instituciones democráticas; la corrupción de los funcionarios, del sistema judicial, de los gobiernos, del sistema político y, en esencia, de las fuerzas policiales encargadas de mantener la ley y el orden”. Más explícitos no pueden ser.
El llamado es a asumir políticas más inteligentes, democráticas y eficaces: en vez de penalizar los consumos, el esfuerzo debe encaminarse a buscar alternativas no punitivas. Una es convertir a los adictos en pacientes, lo que implica que el Estado debe prohijar tratamientos de salud. Así se reduciría la demanda ilegal y las ganancias, que hoy benefician solamente a los peores criminales del país.
Otra es enfrentar las dimensiones delincuenciales del problema: esto es concentrarse en la persecución del crimen organizado: los narcotraficantes y sus compinches: lavadores, abogados, policías, militares, traficantes de armas, paramilitares y guerrilleros involucrados. Se trata de luchar contra el delito y la corrupción, y de proteger a los ciudadanos víctimas del negocio en su fase más criminal.
Éstas son políticas más eficaces que andar asperjando cultivos y agrediendo a los campesinos que no tienen formas alternativas de subsistencia. Dicen los ex presidentes que “los esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción de programas de desarrollo alternativo, seriamente financiados y que contemplen las realidades locales en términos de productos viables y con acceso a los mercados en condiciones competitivas. Se debe hablar no sólo de cultivos alternativos, sino de desarrollo social de fuentes de trabajo alternativo, de educación democrática y de búsqueda de soluciones en un contexto participativo. Simultáneamente se deben considerar los usos lícitos de plantas como la coca, en los países donde existe larga tradición sobre su uso ancestral previo al fenómeno de su utilización como insumo para la fabricación de droga, promoviendo medidas para que la producción se ajuste estrictamente a ese tipo de consumo”.
Ojalá estas nuevas propuestas sirvan para algo.