LA DISCUSIÓN SOBRE EL FUTURO DE la ley de víctimas no se ha cerrado, a pesar del golpe que el proyecto original recibió en la Comisión de la Cámara de Representantes.
De hecho, a raíz de la castración que sufrió el proyecto, varias organizaciones internacionales defensoras de los Derechos Humanos se han pronunciado a favor del original, y han criticado las modificaciones introducidas. Algunas de esas organizaciones han sido vilipendiadas por varios gobiernos: ése ha sido el caso tanto de los gobiernos de Turbay Ayala en el pasado como de Chávez en Venezuela y ahora Uribe respecto de Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
No se puede ser tan fanático como para no aceptar que esas organizaciones sí tienen un compromiso real con los Derechos Humanos y que no representan intereses subversivos o contrarios a los gobiernos criticados. Simplemente llaman la atención sobre lo que consideran que no contribuye a la construcción de un régimen democrático y respetuoso de esas conquistas de la humanidad.
Pues bien, ahora resulta que otra organización, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se ha unido a las anteriores para expresar sus reservas frente al proyecto tal como salió de la Comisión de la Cámara. Dice así una parte del informe de Víctor Abramovich, relator para Colombia: “El Relator observó y valoró como positivo el debate sobre políticas públicas de reparación a favor de las víctimas del conflicto armado. Durante la visita, el Relator se informó a fondo de la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley que aborda la reparación de víctimas. El Relator observó que este proyecto de ley excluye de los programas administrativos de reparación a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado, al obligarlas a agotar en forma previa la vía judicial y establecer un tope indemnizatorio para esa reparación.
El Relator manifestó a las autoridades su preocupación frente a la diferencia de trato entre las víctimas de conductas ilegales perpetradas por grupos al margen de la ley, y de aquellas perpetradas por agentes del Estado, diferencia que podría resultar discriminatoria. Por lo demás, señaló que el tope previsto por el proyecto de ley afecta el principio de reparación integral, lo cual constituye un retroceso respecto de los derechos que hoy pueden ejercer esas víctimas” (CIDH, Comunicado de prensa N° 54-08, 26 de noviembre de 2008).
Es de esperar que la CIDH no sea vista como otra organización aliada de las Farc, y que en consecuencia el Relator no sea vilipendiado, o siquiera comparado con José Miguel Vivanco o con las directivas de AI.
Preocupa, de otra parte, que el presidente Uribe se oponga al tratamiento equitativo para las víctimas de los grupos armados ilegales y de agentes del Estado. Su argumento de que si no se hace esta distinción se está atentando contra la política de seguridad democrática es muy grave: uno se pregunta si es incompatible la provisión de seguridad a los ciudadanos en una perspectiva democrática con la protección de sus Derechos Humanos. Se supondría, y así lo ha dicho en ocasiones el Presidente, que el respeto por la integridad y los derechos de los ciudadanos es un componente esencial de su política de seguridad democrática, y si esto es así, entonces, ¿por qué temerle a una ley que busca proteger a las víctimas de los desvíos, excesos o errores que cometan algunos agentes del Estado en el desarrollo de esa política? No es fácil entender la posición del Presidente: los ciudadanos preferirían que el apoyo a la ley de víctimas original fuera una refrendación de la política de seguridad democrática con respeto a los Derechos Humanos y a las víctimas de los desafueros que pudieran cometer agentes del Estado.