Hay cuatro posibles escenarios para no perder la oportunidad de hacer la paz con las Farc.
El primero, y el que más esperanzas generó inicialmente, es un acuerdo amplio en que participen todas las fuerzas políticas y permita una implementación políticamente pacífica de los acuerdos. Parece descartado porque el uribismo propuso casi lo mismo en lo que insistió en la campaña del No, es decir, no demostró con hechos voluntad de ceder para llegar a un acuerdo. Entiende el resultado del plebiscito como un mandato para imponer sus tesis, y no como un compromiso de cumplir la promesa de renegociar con éxito los acuerdos.
El segundo escenario es un acuerdo que no tenga el respaldo de algunos sectores de No, que incluya precisiones y limitaciones del acuerdo firmado, mas algunos cambios importantes que lo conviertan en un acuerdo nuevo, pero que no incluya las exigencias más extremas. Es el acuerdo al que parece referirse el Gobierno, y que requeriría que la Corte Constitucional reviviera el “fast-track” para permitir su implementación. Este escenario es el que quizá más le guste a algunos promotores del No, porque evitarían la sanción política por no llegar a un acuerdo, y conservarían la bandera populista con que pueden llegar a la Presidencia en 2018: oponerse a “la paz de Santos”.
Pero existe un tercer escenario. Ante el fracaso del primero porque se confirmara que no es posible un acuerdo amplio, el Gobierno podría jugar también a los intereses electorales y permitir el riesgo que se pierda esta oportunidad de paz cuando las Farc rechacen las exigencias más extremas del Centro Democrático, alegando que tenía razón Tirofijo, en que quien no tenía voluntad de paz no eran las Farc, sino un sector del establecimiento. Si se rompieran los diálogos se incumpliría el mandato nacional de negociar la paz, el uribismo habría roto su promesa de un mejor acuerdo, se comprometería más el puesto en la historia del expresidente Alvaro Uribe, y se arruinarían las posibilidades de que el Centro Democrático gane las elecciones presidenciales de 2018.
Ante esa realidad desoladora, se cerrarían los espacios para el populismo y la hipocresía, los actores políticos quedarían obligados a enfrentar las consecuencias de sus actos y no de sus palabras. El Gobierno recuperaría la iniciativa ante la evidencia de que la paz no puede ser resultado de luchas ideológicas y oportunismo político, sino de capacidad de encontrar fórmulas asépticas políticamente, jurídicamente viables y convenientes en términos de seguridad. Eso le permitiría presionar un acuerdo con la mayoría de voceros del No. El problema de esta alternativa es que podría llegar a extremos que pondrían en riesgo el cese del fuego.
Por eso, la mejor salida de todas, pero por eso la más difícil, sería que el Gobierno lograra un buen acuerdo. Uno suficientemente mejor para que la mayoría de colombianos se sintieran satisfechos, que consiguiera alta favorabilidad en las encuestas y pudiera hasta someterse a un nuevo plebiscito, si así lo considerara el presidente. Un acuerdo que le permitiera a Santos acordar con representantes del No, dividiéndolos, y debilitar la capacidad del uribismo de castigar su implementación, al punto que éste se viera obligado a apoyarlo, así fuera condicionadamente.