Uno de los principales temores de los enemigos del proceso de paz es que un eventual acuerdo abra las compuertas para que la izquierda llegue al poder. Pueden tener razón en que la desaparición de la violencia política desencadenaría una apertura que cambie la estructura actual de la política.
Sin la mordaza de la violencia, la izquierda adquirirá la legitimidad de que carece hace cincuenta años, y muchos conflictos sociales que permanecían ahogados por la satanización de la protesta pueden desembocar en movilización social. Los paros recientes pueden ser una primera señal.
Sin embargo, tengo otra interpretación. Que una eventual paz, acompañada por avances sociales en el posconflicto, sería la manera de evitar que Colombia atraviese por un período de izquierda populista como la que han vivido sus vecinos. Porque tarde o temprano se agotará la anestesia que ejerce la violencia sobre los problemas sociales, que ha permitido que Colombia sea una isla en el subcontinente latinoamericano, con una agenda pública basada exclusivamente en la seguridad, que desconoce una problemática social tan grande o mayor a la que llevó al poder a Hugo Chávez y a Rafael Correa. Problemas sociales que se agravaron con los excesos de las políticas de ultraderecha implementadas bajo la sombra de la Seguridad Democrática, como la regresividad tributaria, la concentración de la tierra, la falta de soluciones a los problemas de la salud y el desempleo, entre otras, que reforzaron los problemas de desigualdad, informalidad y corrupción, pero sobre todo, de falta de conciencia de la clase dirigente sobre la necesidad de atacarlos a fondo, y de repartir juego político y compartir la torta económica, para generar los niveles de desarrollo humano y calidad de la democracia que exige la competencia en el mundo globalizado.
El mayor reto de la política en Colombia es empezar a solucionar el descontento social que le resta legitimidad al sistema político y lo obliga a tomar el atajo del clientelismo para solucionar su debilidad electoral. Mientras no lo haga, seguirá secuestrada por la corrupción, y expuesta a los riesgos del populismo, que por ahora ha sido autoritario contra las Farc, pero que en un futuro puede serlo, igualmente autoritario, pero contra la corrupción y los partidos políticos. Ese riesgo aumenta si continúa la división del establecimiento frente a la paz, y si se acentúa la venezolanización de la política con la demagogia y los ataques personales temerarios, que inducen a la ciudadanía al descreimiento y la búsqueda de salidas no institucionales.
La manera más pragmática de enfrentar el reto de la olla a presión social que duerme bajo el conflicto interno colombiano, es continuar y profundizar las reformas en el posconflicto, ofreciéndoles a los nuevos sectores de izquierda pacífica, la oportunidad de trabajar junto con la coalición de centro en traer el campo colombiano al siglo XXI, mediante el cambio de sus estructuras de propiedad y productividad.
La formalización de un movimiento de extrema derecha en el Congreso obligará a las fuerzas políticas a alinearse, y los avances sociales dependerán de la capacidad del próximo gobierno de fraguar una coalición con la izquierda, que materialice los eventuales acuerdos de paz.