LUEGO DE SER DESPLAZADO DEL GObierno por el poder nacional que representa Juan Manuel Santos, el poder regional intentará recuperar influencia con las elecciones locales.
Así como en Colombia hay dos países, uno que progresa y se integra al mundo y otro anclado en el atraso y la violencia, hay dos poderes —el nacional y el regional— que han convivido en armonía gracias a un pacto de gobernabilidad tácito, en que el poder regional le dejaba el manejo del gobierno al poder nacional, a cambio de que éste le permitiera manejar el Estado regional y local a sus anchas. Durante décadas el clientelismo regional le cedió la presidencia a la élite nacional, pero el pacto se rompió con la llegada al gobierno del Álvaro Uribe, representante directo del poder regional, que pudo imponer la fórmula regional de mano dura contra la guerrilla en la agenda nacional gracias a la crisis de seguridad del cambio de siglo.
Por eso los primeros meses del gobierno Santos se han concentrado en reimponer el pacto de gobernabilidad, restableciendo la agenda modernizante del poder nacional sobre la retardataria del poder regional que mandó durante los últimos ocho años. La nueva agenda está buscando restituir la legalidad en el campo luego de que la alianza de poderes regionales con el paramilitarismo trastocara profundamente la estructura de propiedad de la tierra, reenfocando programas como Agro Ingreso Seguro, deteniendo algunas protecciones a sectores agrícolas, reestructurando entes como Incoder. Otras correcciones se están dando en la política de infraestructura, que ilustra bien las diferencias de prioridades entre los poderes nacional y regional. Mientras el segundo dedicó sus esfuerzos al Plan 2500 de carreteras secundarias en beneficio de intereses regionales, el poder nacional está preocupado por los corredores viales principales que afectan la capacidad del país para competir en la globalización. Otra corrección se dio en la política internacional, que afectó prioridades claves del poder nacional como el comercio internacional con Venezuela y Estados Unidos. Y otra más frente al extremo de corrupción y abuso del poder político regional en las corporaciones autónomas regionales y las regalías.
Luego de aceptar con amargura la restitución del pacto de gobernabilidad, el expresidente Uribe se propone hacer respetar la porción favorable al poder regional a través de los “talleres democráticos”, que más que un instrumento para escoger candidatos busca defender la agenda regional. La pregunta es si revitalizado electoralmente, el poder regional enfrentará aspectos centrales de la agenda del poder nacional como la implementación de las leyes de tierras y de víctimas, en que no sólo se requiere de la coordinación entre las instancias nacionales y regionales sino en que están en juego intereses vitales del poder regional como el control sobre la tierra y las funciones estatales locales. O si afectará la reformulación de la política de seguridad que inevitablemente tendrá que hacer el Gobierno para corregir el modelo anterior, afectado por los intereses regionales de privilegiar el combate a la guerrilla sobre el narcoparamilitarismo asociado con la política, y que amenaza con hacer seguir creciendo la violencia y la inseguridad.