Las causas socioeconómicas de la protesta campesina se dividen en las de largo plazo, el abandono del campo durante cincuenta años, primero por el modelo económico de urbanización e industrialización en los años sesenta y setenta, y luego porque desde los ochenta el Estado redujo su interés en el campo a combatir la violencia.
Las de corto plazo son que el modelo de libre comercio castiga a los sectores poco competitivos. Y el desplazamiento de campesinos desplazó también la atención hacia los que llegaban a las ciudades, centrando la acción estatal en los subsidios a la pobreza urbana. La prosperidad de la última década, en que millones salieron de la pobreza y se agrandó la clase media, no llegó al campo, y tanto la vigencia de las Farc en las zonas cocaleras, como la protesta campesina, son expresión de que cerca de un veinte por ciento de colombianos siguen en niveles de marginación extremos.
Las causas políticas parten de la pérdida de influencia política del campo, porque hoy significa menos del treinta por ciento de la votación total, cuenta con un representación parlamentaria de muy baja calidad y tiene poca incidencia en la elección presidencial. La seguridad sólo fue prioridad cuando la violencia política tocó por primera vez las ciudades por vía del secuestro, a finales del siglo pasado.
Álvaro Uribe fue un presidente terrateniente, pero como buen ganadero no se interesó por la productividad agraria, limitándose al tema de seguridad y a medidas que no generaron cambios de fondo, gastando cerca de cinco billones en Agro Ingreso Seguro y el Plan 2.500 de carreteras, motivadas por razones principalmente políticas. Y subsidios temporales como el de los floricultores. El modelo económico minero-energético que implementó Uribe es poco compatible con el desarrollo agrícola y generó un daño colateral enorme por la enfermedad holandesa y el debilitamiento del sector productivo.
Juan Manuel Santos cambió algunas de las principales políticas de Uribe, pero no la económica, que se llama pomposamente confianza inversionista pero que en realidad se limita al viejo modelo minero-energético, gran generador de bonanzas de corto plazo, pero nefasto para el desarrollo integral. No haber cambiado a tiempo esa política de desarrollo ha sido muy costoso para Santos. Porque ha perjudicado a las locomotoras y por ende el crecimiento económico, y a los dos sectores que deberían ser sus grandes aliados en la dura empresa de la paz. El campesino, a quien, paradójicamente, Santos había privilegiado con sus reformas: la de tierras, víctimas, regalías, infraestructura, y la de paz que tendría un componente grande de inversión rural. Y el empresariado industrial, que de no estar golpeado económicamente sería el aliado natural de la negociación de paz como instrumento modernizador, frente a la oposición de las élites rurales encabezadas por Uribe.
En diez años, los subsidios a la pobreza (como Familias en Acción) llegaron a costar nueve billones anuales. Lo que está sucediendo es que el campo, sumergido por décadas, está subiendo a la superficie a exigir su parte del crecimiento económico reciente. El proceso de paz aceleró el fenómeno porque implica un cambio de prioridad hacia la inversión social en el campo.