NO ESTÁ CLARO SI LA ADMINISTRAción Santos está dispuesta a revisar la política antidrogas que el gobierno Uribe puso en contracorriente de la tendencia mundial, o si se apegará a la filosofía de las contrarreformas uribistas:
la prohibición de la dosis personal por supuestamente ser la principal causa de la violencia urbana a través del microtráfico, y la negación de la diferencia entre países consumidores y productores con el argumento de que ahora éstos también son consumidores.
El presidente Santos ha enviado señales de que continuará impulsando una política prohibicionista. En el discurso ante Naciones Unidas señaló que le preocupa que países que “exigen una lucha frontal contra el narcotráfico… legalizan el consumo”. Ahora el Gobierno plantea reservas frente al proyecto de ley que reglamenta la prohibición de la dosis personal, aduciendo limitaciones presupuestales para financiar el tratamiento de los adictos, lo que parecería indicar que no cree en tratar el tema como problema de salud pública.
Sin embargo, hace unos días la ministra María Ángela Holguín dio unas importantes declaraciones en el sentido de querer “llevar a una discusión global el tema de las drogas, como un problema de salud, de países de tránsito”. Parecería entonces que el Gobierno defiende la política adelantada hasta ahora, pero estaría dispuesto a discutir el tema internacionalmente, empezando por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Algunos expertos han señalado que eso no es realista porque el narcotráfico no es un tema propio del Consejo de Seguridad, encargado de la preservación de la paz y la seguridad internacionales, que Colombia siempre ha rechazado la idea de que ese órgano tenga injerencia en sus asuntos y que los Estados Unidos están buscando dejar de tratar el tema como un asunto de seguridad. Aunque esto es cierto, la violencia que genera el tráfico tiene cada vez más efectos sobre la seguridad de los países, lo que justifica llevar el problema al Consejo con dos objetivos: asumir liderazgo regional impulsando un tema cada vez más importante y aglutinador, y presionar a las potencias a avanzar en el tratamiento del problema desde el punto de mitigación del daño, aun en caso de que se negaran a tratarlo en el Consejo. Juan Gabriel Tokatlián señaló en una columna en El Tiempo que Colombia debe coliderar el tema desde el Consejo conformando un G-5 con otros cuatro países representativos de cada continente.
La pregunta importante es si la posición expresada por el Gobierno, de rechazar el doble estándar de algunos países de prohibir la producción y legalizar el consumo, apunta a descalificar cualquier revisión del prohibicionismo, o si es una estrategia sofisticada para posicionar el criterio de que si se legaliza la droga para paliar los efectos dañinos del consumo, también se debe legalizar la producción para paliar sus terribles efectos, en un momento crítico por la posible legalización en California.
El hecho es que el tema internacional más importante para Colombia se está moviendo después de décadas de parálisis y que en lugar de ejercer liderazgo para avanzar sus verdaderos intereses en esta materia, el país ha venido quedándose cada vez más solo y refutado en su ortodoxia prohibicionista.