El mayor o menor uso de la autoridad ha sido siempre uno de los grandes diferenciadores en la política. A diferencia de otros países latinoamericanos, desde el Frente Nacional Colombia matizó esa disyuntiva.
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Eso cambió cuando la crisis de seguridad de cambio de siglo generó un consenso para reprimir el ascenso de las Farc. Álvaro Uribe ofreció el uso de la autoridad como fuente de supervivencia y progreso, en reemplazo de la tesis predominante del reformismo modernizante de la Constitución de 1991. Vino entonces una época de énfasis en la autoridad, que tuvo buen recibo por los resultados en materia de seguridad y que, como casi siempre sucede, desembocó en militarismo, caudillismo y nacionalismo hirsutos, en abusos de autoridad contra la Corte Suprema y el periodismo, y en violencia contra civiles indefensos como las miles de víctimas de falsos positivos. La condición institucionalista de la democracia colombiana volvió a imponerse cuando la Corte Constitucional frenó la posibilidad de un tercer periodo de Álvaro Uribe, aspiración que confirmó el eterno riesgo del énfasis en la autoridad: que desemboque en su tendencia a eternizarse en el poder.
Aunque la oferta de autoridad se había desgastado con la desarticulación de las Farc en el gobierno Santos, el expresidente Uribe logró adaptarse a la prohibición constitucional de la reelección por vía de la creación de un partido caudillista como vehículo del populismo autoritario contra “la élite corrupta” que “entregó el país a las Farc”, actualizando el discurso que aplicó contra Pastrana y el Caguán para derrotar a los partidos tradicionales en el 2002.
Pero mientras en 2002 había una necesidad objetiva del uso de la autoridad, en 2019 ésta es más una tendencia ideológica, continuadora del laureanismo y actualizada por la ola de populismo autoritario que recorre al mundo. A diferencia de 2002, la oferta de autoridad no era suficiente para ganar la elección presidencial. El uribismo tuvo que escoger un candidato moderado y el candidato Duque reducir las propuestas de autoridad para poder recoger el electorado de centro.
Sin embargo, el partido de gobierno viene presionando fuertemente al presidente para que aplique soluciones de autoridad a todos los problemas y conflictos, por razones ideológicas y electorales, sin reconocer que el país de hoy no es el de principios de siglo, que éstas no coinciden con la imagen pública del presidente Duque, que no le conviene incumplir las promesas de moderación de su campaña, y que no cuenta ni con el respaldo popular ni el partidista en el Congreso para sustentar posturas maximalistas que en muchos casos son enemigas de lo bueno.
Por esa presión, el Gobierno viene tomando posturas radicales, inspiradas más en el populismo autoritario de su partido que en diagnósticos acertados, que terminan siendo vacías, riesgosas o inconvenientes. Son posiciones de autoridad, pero sin dientes y con pocas posibilidades de éxito: el muro contra Maduro, las objeciones a la JEP sin contar con el respaldo político, la negativa a negociar con la minga en medio del bloqueo, la finalización del proceso con el Eln sin tener solución militar, etc. Esas posturas vacías están logrando lo contrario del objetivo, porque no están mostrando un gobierno fuerte.