Un acuerdo de paz para terminar una guerra de más de cincuenta años no requiere refrendación popular.
Menos aun cuando es resultado de un mandato constitucional, de uno legal y de uno popular, contundentes los tres. Se sabe cuál va a ser el resultado de esa refrendación, porque como diría Pambelé, es mejor tener paz que guerra, así un sector de la población le tenga más miedo a la paz que a la guerra. El problema de la refrendación es que volverá a dividir políticamente al país, porque los impulsores del NO no tendrán otro recurso que el miedo, igual que Nicolás Maduro frente al «apocalíptico riesgo» de pérdida electoral de la revolución chavista. Solo el miedo puede desviar el cuestionamiento de si tiene justificación moral votar no a la paz por intereses políticos (miedo al comunismo y a la pérdida de relevancia política), económicos (tierras mal habidas) o jurídicos (sed de venganza, evadir responsabilidad política o personal que traería componente de verdad).
Pero si se va a consultar el acuerdo de paz al pueblo, habría sido una irreponsabilidad permitir que se ahogue por falta de participación, por un fetichismo legalista que pone el inciso por encima de la vida de los colombianos. Mantener el requisito de un umbral demasiado alto no es respetar la Constitución, sino convertirla en letra muerta pues nunca se ha alcanzado. El propósito de la Constitución del 91 de fortalecer la democracia participativa se ha visto frustrado por un umbral imposible de alcanzar en la cultura política colombiana. Reducir el umbral se hizo en realidad para poder aplicar la Constitución, pues la alternativa razonable era no hacer una refrendación popular suicida. El fracaso del referendo propuesto por el gobierno Uribe le hizo mucho daño institucional al país. Además de condenar la democracia participativa al olvido, algunas de las reformas positivas que contemplaba, como la eliminación de las contralorías territoriales, no han sido posibles por vía del Congreso. Sería ceguera de este Gobierno someter la paz a la misma suerte.
Detrás del legalismo de quienes se empecinan en que haya consulta popular, pero manteniendo el umbral del cincuenta por ciento, no puede haber sino el interés de que el acuerdo de paz naufrague. Por una razón elemental: las posibilidades de que no se alcance ese umbral son muy altas. Políticamente sería muy cómodo para la oposición al proceso de paz ganar por W, porque obtendría un gran triunfo político sin quedar ante la historia con la responsabilidad devastadora de haber matado una paz imperfecta pero capaz de salvar miles de vidas y de sacar al país de la barbarie política.
El argumento de que un umbral alto le da legitimidad política al acuerdo de paz es otra de esas frases efectistas y vacías que vienen usándose para esconder el miedo a la paz. Es menos legítimo el primer gobierno de Alvaro Uribe que solo alcanzó cinco millones de votos, muy por debajo de la mitad del censo electoral, que el segundo que obtuvo una votación mucho mayor? El excesivo legalismo frente al plebiscito y al acuerdo de justicia con las Farc, de quienes podrían denominarse los santanderistas de la paz, recuerda el poema del maestro Valencia: «sacrificar un mundo para pulir un verso».