Ante el hecho tozudo de que la seguridad está desmejorando, la sociedad colombiana tiene que hacer un diagnóstico que le permita enfrentar el problema con efectividad.
Hay dos diagnósticos posibles: el primero, que se está bajando la guardia en la lucha contra los violentos, como sostienen algunos sectores de ultraderecha; el segundo, que la receta de la seguridad democrática está agotándose, como no sostiene casi nadie por temor a desafiar el dogma.
El primer diagnóstico puede tener algo de verdad, que la baja moral de las tropas esté afectando los resultados. Pero no explica por qué se pasó de la supuesta desaparición del paramilitarismo, a unas bacrim que el año pasado cometieron más asesinatos que la guerrilla, ni que la guerrilla esté recuperando regiones como el Cauca o, peor, que nunca las haya perdido realmente.
Si el Gobierno está comenzando a hablar de paz no será por “socialbacanería”. Seguramente es porque entiende que es imprescindible hacerlo. Los gobernantes tienen la responsabilidad de evaluar los resultados de las políticas con objetividad, sin dogmatismo. El presidente Santos parece haber entendido que el camino hacia la paz no pasa exclusivamente por el mejoramiento de la seguridad y que, por más esfuerzos que se hagan por preservarla, ésta se deteriora si no se atacan de raíz los problemas que la generan. Que lo que hay que enterrar son los métodos que en el pasado se intentaron para buscar la paz negociada, no la negociación de paz. Lo que no implica el abandono de la seguridad democrática, sino del factor que ha sido a la vez su mayor fortaleza y su mayor limitante: el componente político que sostiene que la fuerza es la única vía legítima para terminar el conflicto colombiano.
La seguridad democrática es el nombre que le dio el gobierno Uribe al Plan Colombia para convertirlo en un proyecto político afincado en la promesa de la victoria militar. La sociedad colombiana lleva casi una década apostándole ciegamente a ese proyecto, por lo que está costándole tanto trabajo, incluidas las Fuerzas Militares, aceptar que esa promesa política puede haber sido el talón de Aquiles de la seguridad democrática, porque le restó el pragmatismo para haber intentado presionar una negociación hace tres años, en la cúspide del éxito militar, abatido Raúl Reyes, ocurridas la operación Jaque y la muerte de Tirofijo. Si la guerra se prolongara muchos años más, seguramente los historiadores dirán que el mayor error histórico del gobierno Uribe fue haber dejado pasar esas condiciones inmejorables para haberle ofrecido una negociación atractiva a Alfonso Cano, en lugar de haberse dedicado al populismo vendiendo la idea del “fin del fin” con propósitos electorales.
La sociedad colombiana pasó del infantilismo de creer que la paz se conseguía sólo con buena fe, a la infatuación con la fuerza. Parecería que el presidente Santos ve una tercera vía, que consistiría en combinar correctamente las formas de lucha: “mano tendida y pulso firme”, la fórmula exitosa utilizada por el gobierno de Virgilio Barco con el M-19. Para conseguir y mantener el apoyo popular que requiere una apuesta arriesgada como esa, y no caer bajo el “fuego amigo”, necesitará altas cantidades de lo que requieren los grandes avances: liderazgo.