La foto de la reunión en el Congreso del expresidente Álvaro Uribe con quienes considera sus enemigos políticos, para proponerles un acuerdo, demuestra que sí se podía hacer un acuerdo político sobre la paz con las Farc. Que el obstáculo no eran los principios, sino las ambiciones políticas, la estrategia de llevar el desacuerdo hasta las elecciones presidenciales para recoger los beneficios políticos del triunfo del No.
Aunque está en estado incipiente y le falta gran parte del trámite legislativo, pero sobre todo le falta generar confianza —que no se trata de otro “consenso”, como el de la consulta anticorrupción—, que se incumplió sin sonrojo, es un acuerdo muy importante. No por el fondo, que no cambia lo sustancial, sino por el contenido político. Como se ha dicho, sería un especie de acuerdo de paz político frente a los acuerdos del Teatro Colón, para garantizarle al proceso con las Farc la legitimidad que no tendría si continúa la guerra política en torno suyo.
Su importancia reside en que habiendo la oposición logrado reducir los acuerdos de paz al aspecto de justicia, que era uno de varios, y en términos de la efectividad del proceso, quizás el menos disruptivo, es la justicia el tema a resolver. Con la táctica de la “paz sin impunidad”, la oposición al proceso de paz corrigió su rechazo inicial para eliminar el axioma de paz o guerra, y le quitó a la entrega de armas y a la “paz territorial” importancia en la discusión pública. Siendo la justicia el tema central, la JEP se convirtió en el eslabón más débil de los acuerdos, razón por la cual la paz política en torno a su legitimidad es crítica.
Tiene dos razones fundamentales el eventual acuerdo sobre la JEP. Siendo la paz el gran éxito político de Juan Manuel Santos, el uribismo no quiere implementarla con esmero a menos que pueda apropiarse de sus beneficios políticos convenciendo a su electorado de que corrigió “la paz de Santos”, o la salvó. Lo primero le interesa al Centro Democrático, y lo segundo al presidente Iván Duque, por una lógica política poderosa: las encuestas muestran que más del 60 % de la población quiere que se implementen los acuerdos. Esa es la razón de fondo, no solo de que no se harán trizas los acuerdos, sino que se tendrán que financiar y cumplir en los aspectos más visibles. El acuerdo que se teje en el Congreso no es producto de la súbita razonabilidad de un sector político, sino del triunfo parcial del proceso de paz en la opinión pública.
La otra razón de fondo es que una sala especial dentro de la JEP para el juzgamiento de militares tiene el grave riesgo de ser interpretado por parte de la Corte Penal Internacional como un esfuerzo del Estado para cobijar de impunidad a sus agentes, exponiendo al mando militar y político mucho más a lo que se expone con las JEP. El “timing” de la propuesta del expresidente Uribe coincide con la declaración que iba a dar el fiscal delegado de la Corte en contra de la sala especial para militares, que la gradúa de sala de la impunidad. La Corte Penal fue creada para juzgar exactamente este tipo de violaciones de los Estados, no las de las guerrillas que son combatidas por los gobiernos.
Como siempre, hay que ver qué pasa bajo el puente de la política para entender la política.
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