Mañana será elegido el próximo presidente y aquello de la sanción social a las conductas irregulares y atención al delito electoral parece que “no pegó” por estos lares.
El Código Penal establece 11 delitos electorales cuya sanción puede alcanzar hasta nueve años de prisión. Las denuncias deberían ser presentadas ante la Fiscalía o la Procuraduría, pero es tal nuestro desconocimiento que quien expone la irregularidad suele ser quien termina señalado.
Los informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) dan luces. El 31 de mayo pasado la MOE informó que el día de elecciones se recibieron 830 reportes sobre posibles irregularidades y delitos electorales.
Por ejemplo, el constreñimiento y la corrupción al sufragante ni siquiera intentan ser clandestinos, los hemos naturalizado. Un asunto es que una empresa privada apoye públicamente a un candidato (lo cual es legítimo), otro muy distinto es que desde una posición de poder presione a sus empleados para votar de determinado modo. Entre el día siguiente a las elecciones legislativas y el previo a la primera vuelta, la MOE recibió 70 reportes de este tipo.
No son fake news en redes: en Antioquia, fueron difundidos casos verificados de una constructora y un restaurante que presionaron a sus empelados para que votaran por Iván Duque.
En el sector público, un caso se perfila como emblemático: “La bodega de Fico”. El periódico universitario De la Urbe reveló que un contratista de la Alcaldía de Medellín creó perfiles falsos que movilizaron la etiqueta #ApoyoAUribe y divulgaron información mentirosa sobre una concejal del Polo. ¿Recursos públicos aparentemente invertidos en participación en política? Hoy cursan dos derechos de petición de Juan David Ortiz, director de De la Urbe, para que Federico Gutiérrez y la Secretaría de Seguridad le respondan a la ciudadanía.
Sigamos: los medios expusieron fotos del vehículo de un contratista con distintivos de la Alcaldía de Medellín y calcomanías de Duque.
Hay más: el alcalde de San Luis (Antioquia), José Maximino Castaño, le dijo al reportero del Canal Caracol Juan Diego Valencia que no había podido firmar un convenio con el jefe de bomberos hasta después de elecciones, por Ley de Garantías. Valencia pregunta: “¿El lunes [mayo 28] firma el convenio de nuevo?”. El funcionario responde: “Si elegimos a Duque presidente”. “¿Si eligen a Duque?”, contrapregunta Valencia. “En primera vuelta: sí”, insiste el funcionario entre risas.
¿Todo vale?
Ana Cristina Moreno, diputada del Centro Democrático, grabó un video de propaganda política en el Metro, sin autorización alguna. Dice Tomás Elejalde, gerente del Metro: “Aquí no hay ningún delito tipificado. En la filmación se evidencia que un policía trata de abordar a la diputada”. Obviamente el Metro es de libre acceso, pero usar su imagen con fines publicitarios requiere un proceso de aprobación para efectos logísticos.
No pierde vigencia la máxima de Álvaro Uribe: “Es mejor pedir perdón que permiso”.
¿Cuándo vamos a despertar como sociedad ante quienes, desde posiciones de poder real (como cargos públicos o gerencias), maltratan la libertad electoral? En caso de delitos, ¿dónde están la Fiscalía y Procuraduría?