Su nombre no está cambiado para protegerlo. Ojalá pudiera protegerlo en esto que vive y se parece a lo que viven y han vivido más de seis millones de personas en Colombia.
Lo conocí en 1993. Era un albañil en la construcción de mi casa. Vaciaba losa, pegaba ladrillos, empataba tubería, revisaba la instalación eléctrica, pulía la madera del piso. Siempre callado y atento. Lo que hacía quedaba perfecto y terminado. Preguntamos al constructor qué pasaría con él el lunes que ya no estaría más en nuestra casa. “Nada, él no tiene trabajo fijo, es un supernumerario”.
Supimos que se llamaba Pablo, que había venido de Cartago, Valle, desplazado por la violencia, y que vivía con su esposa Sol en el retiro de una quebrada en Robledo, al occidente de Medellín en un tugurio. Le dijimos que si le gustaba el jardín y que si quería trabajar con nosotros. Desde entonces no ha dejado de venir ni un solo día de estos 22 años y todo lo que toma en sus manos lo arregla. Cuando dice “se dañó”, no tiene salvación.
Hace 21 años hicieron un puente donde estaba su tugurio y algo le pagaron para que se fuera. Con eso buscó un lotecito. Le ofrecieron uno en Bello, Antioquia, cerca de Fontidueño: una colinita donde él, su mujer, sus manos y los retales de la construcción les permitieron tener casa. En ella todavía viven y ahora es el infierno del que quieren salir huyendo.
Su vendedora es una de las miles de expertas en sacar partido de la pobreza y la necesidad. Estafadora que vendió y revendió hasta notificarlos de que por donde han pasado todos estos años hasta su casa, y donde hizo él mismo el acueducto y el alcantarillado, ahora son propiedad privada. No sólo fabricaron su casa Pablo y Sol, también criaron a David y a Cristian, sus dos hijos, que son parte de los miles de bachilleres que buscan trabajo.
Sol, gestora que sería útil hasta como investigadora, logró legalizar con una escritura aquella propiedad que hoy tiene casa más un apartamento para alquilar, que rodea un muro de protección para hacerles frente a las afrentas que desde hace al menos 15 años les hace la familia de la vendedora, compuesta por 19 personas y a las que ningún vecino encara por temor a padecer las amenazas, los golpes, los daños a la propiedad, los hurtos o la invasión que han sufrido Pablo y su familia, obstinados en no abandonar lo suyo, que ha sido todo lo que han construido en toda su vida de trabajadores.
Una querella y dos demandas han entablado ante la inspección y la Fiscalía de Fontidueño por este acoso. Les ha ayudado un abogado y ya han salido a favor dos fallos. Pero no sólo el inspector de policía cambia cada vez y llega siempre con una rara simpatía por la familia de la vendedora, sino que la protección policial que les han anunciado varias veces, no llega, o no controla los desmanes que con machetes, picas y piedras han hecho, por ejemplo en la última incursión, cuando terminaban con sus manos y con material conseguido con un préstamo, el camino de entrada a su casa.
Hoy Pablo y su familia acuden a Medicina Legal para constatar la agresión que sufrieron. Se preguntan si van a volver a su casa aunque sea lo único que tienen.
Bello es un feudo de la ilegalidad y nadie puede defenderlos allí. La vendedora y los políticos que la rodean, son los dueños. Pablo para ellos es un intruso. Será la tercera vez en menos de 25 años que él sea despojado y desplazado. Millones de personas sufren este infame predominio de los tramposos hoy en Colombia . Pero este no es consuelo.