Nadie pone en duda que la educación debe ser un derecho para todos los colombianos, tal como está escrito en la Constitución. Debe ser, además, gratuita. Pero lo que nadie se pregunta es de dónde va a salir la plata para pagarla, pues los recursos del Estado no son infinitos y hay que distribuir en otros sectores como la salud, la atención de emergencias o la vivienda, por poner como ejemplo algunos sectores sociales.
El problema es de dónde va a salir la plata para pagar la educación para todos, lo que, por supuesto, sería lo ideal. Pero no estamos en un Estado de bienestar como el de los países nórdicos, donde los impuestos y el desarrollo económico y social alcanzan para pagar los servicios sociales gratis. Colombia ha hecho un esfuerzo por dirigir mayores recursos a los sectores sociales, pero debe equilibrar su presupuesto con otros sectores para que la economía siga funcionando y generando recursos.
En el caso de la reforma a la educación superior hay mucho para discutir. Por un lado está el sistema mismo, el pénsum y la calidad; pero por otro lado hay que separar el tema de la financiación de la educación y por supuesto el de cubrimiento de la demanda.
La demanda es tan alta que es un privilegio estudiar en universidades públicas. Éstas, sin embargo, son costosas para el Estado: la gran masa de la población estudiantil de todos los sectores sociales paga una universidad o un instituto tecnológico con créditos del mercado. Igualmente, las universidades que hay ahora no alcanzan y todos los días aparecen nuevos sitios para la enseñanza superior, muchos de ellos ‘de garaje’.
Teniendo esto en cuenta, ¿qué se debe hacer para que otros puedan acceder a la educación superior? Por supuesto hay que tener más universidades e institutos técnicos y tecnológicos para aumentar la oferta, pero igualmente la exigencia en la calidad debe ser mayor por parte del Gobierno. Créditos blandos son importantes, se constituyen en una manera de subsidiar y, de tal forma, generar mayor control sobre una universidad que aunque dice no tener ánimo de lucro, en el fondo lo tiene, pues las matriculas son costosas.
La propuesta del Gobierno colombiano, copiando el modelo brasileño del socialdemócrata Lula da Silva, fue el ánimo de lucro, buscando recursos e inversión en el sector privado, es decir, privatizar la educación.
Ahora, la propuesta para resolver ese problema está en el limbo porque las universidades publicas y sus estudiantes protestaron, lo que es absurdo pues son los privilegiados los que protestan. Aquí no se oyó la voz de aquellos que no tienen cómo acceder o cómo pagar. Nuevamente el tema hay que dividirlo así: por un lado, la calidad y el acceso, y por el otro, la financiación de los establecimientos y de los estudiantes. Pero hay que abrir el debate. Deben, también, hacerse propuestas constructivas en las que no sólo hablen aquellos que tienen el privilegio de trabajar y estudiar en universidades públicas.