HA SIDO RECURRENTE LA CRÍTICA al tema de la emergencia social del Gobierno y, aunque no se trata de echarle más leña al fuego, hay que decir que ha faltado liderazgo pues después de casi ocho años en que se hubiera podido prevenir en unos casos y solucionar en otros los problemas de la salud, la improvisación, la imprecisión y la falta de claridad han dejado en la opinión la sensación de que los derechos a la salud se están reduciendo y que se verá afectada la canasta familiar.
No es efectivamente fácil entender lo que pasa y la gente se pregunta por qué en vez de dedicar tantos recursos al gasto militar no se dedica más a lo social y, en concreto, a la salud. En este sentido, aunque se aumentaron impuestos y el IVA a algunos productos para ampliar los recursos, éstos no son suficientes. Se están atacando más los síntomas que las causas.
El Gobierno Nacional tiene parte de la responsabilidad por lo que ocurre pero otros actores tienen su parte por abusos en las prácticas.
La salud en Colombia es cara y el sistema de salud es costoso. Hay demasiados intermediarios y visos de poca transparencia en un sistema en el que lo legal bordea lo ético. Uno de los problemas es la integración vertical entre algunos de los actores pues generalmente las EPS y/o sus trabajadores son socios de otras empresas que proveen o intermedian servicios. Es el caso de los equipos, los instrumentos y el material médico que es vendido a través de operadores logísticos que incrementan los costos al no ser esta compra directa del proveedor que generalmente tiene la logística para entregarlos en cualquier lugar del país.
En el tema de las drogas pasa algo similar pues se compra a través de una IPS. Algunos afirman que los laboratorios en Colombia tienen prácticas que bordean lo ético ya que incrementan los precios para dejar unos regalitos en el camino para quienes recetan sus productos, especialmente en enfermedades catastróficas, que generalmente son cubiertas por el POS que es asumido por el Estado. Entonces por un lado hay mayores ganancias para los prestadores de salud y mayores costos para el Estado, por el otro. Este es entonces uno de los aspectos que busca solucionar la emergencia al prohibir que se receten determinados medicamentos pero al no explicarse el tema no se logra ni entender el cometido ni atacar las causas del problema.
La plata del POS no es suficiente para atender los problemas de salud de la población, como ocurre en la mayoría de los países. Se hace necesario corregir problemas en cuanto a la integración vertical y las recetas amañadas; reglamentar de manera comprensiva las enfermedades del POS, capacitar jueces y Corte y penalizar las prácticas comerciales de los laboratorios. En todo caso hay que asignar mayores recursos y pensar en fórmulas como la de un subsidio estratificado del paciente.
Aunque éstos son tan sólo algunos de los problemas de la salud, lo cierto es que con medidas de urgencia no se solucionarán temas estructurales crónicos; de pronto éste es un buen momento para que el Presidente, que fue ponente de la Ley 100, se dedique a trabajar más en él pero no como componedor y conciliador sino asumiendo con su conocimiento y liderazgo la solución al problema.