El caso de la masacre de Mampuján, en Bolívar, significó la primera sentencia en firme de Justicia y Paz.
La Corte Suprema de Justicia, que modificó en parte el fallo de primera instancia, ordenó la reparación a las 1.444 víctimas acreditadas por 32 mil millones de pesos.
Sin embargo, según el portal Verdad Abierta, a pesar de un anuncio reciente de la Unidad de Reparación a Víctimas que informaba sobre el pago de la indemnización, esta semana salió una resolución del Fondo de Reparación que anunció el pago a las víctimas del caso pero sólo por 14 mil millones de pesos, es decir, más o menos la mitad de lo que había estipulado la Corte en su sentencia.
El Fondo argumenta que no cuenta con el dinero suficiente para asumir la totalidad de la indemnización ordenada por la Corte, pero, esa no es una excusa que pueda recibirse o justificar el incumplimiento del Estado pues si bien la sentencia condenó a los desmovilizados alias Juancho Dique y Diego Vecino, el Estado es responsable también por subsidiariedad y en ese sentido, se encuentra obligado a reparar a las víctimas.
En este punto, un cuestionamiento adicional: entre los nuevos principios que inspiran el compromiso que ha asumido el Estado en materia de reparación a las víctimas del conflicto armado, se cuenta la reparación transformadora, es decir, la garantía de que una víctima en un contexto de pobreza y exclusión será mejorada en sus condiciones aún superando el estado en el que se encontraba antes del hecho victimizante. Pero, si ni siquiera ha podido cumplir con la mera indemnización que es sólo un componente de la reparación en su significado tradicional ¿será capaz de asumir la inmensa tarea que implica una reparación con fines transformadores?
Ahora, si los funcionarios del Estado y la propaganda del gobierno en todo momento aluden a la importancia de las víctimas, la necesidad de satisfacer sus derechos y su consideración como “columna vertebral del proceso” ¿por qué no son consecuentes? ¿Por qué la falta de compromiso a la hora de materializar el derecho a la reparación?
El Estado debe garantizar con urgencia que se cumpla con la sentencia del caso Mampuján porque es la primera que se debe ejecutar en el marco del Proceso de Justicia y Paz, y aún faltan cientos de fallos, de manera que si no se cumple esta vez ¿qué pasará después?
En Twitter: @andreasforer