EL MISTERIO NO RESIDE EN SABER SI LA famosa Guerra Contra las Drogas va bien: cualquier persona sensata sabe que es un fracaso estruendoso, sino en entender por qué se insiste en ella a sabiendas de que no es posible ganarla.
Despejemos de entrada un malentendido importante. Algunos intelectuales legalizadores, más que todo del ala zurda, insisten en que Estados Unidos mantiene la prohibición porque el negocio favorece a ese país. Me temo, sin embargo, que la afirmación no resiste el más elemental análisis económico.
Estados Unidos no sólo debe pagar por el encierro del medio millón de presos no violentos que las draconianas leyes antidrogas llevan a la cárcel, sino que a eso se suma el costo de que estas personas, así como sus guardianes y sus perseguidores, no hagan parte del aparato productivo. Además, la corrupción y el deterioro económico e institucional local e internacional les cuestan a los americanos ingentes cantidades de dinero en términos de menores exportaciones y de menor rentabilidad de sus inversiones en sus zonas de influencia.
La ineficiencia que la persecución del lavado de dinero inocula en el sistema financiero mundial es asimismo muy costosa. No conozco estudios confiables al respecto, pero me atrevo a pensar que el valor dilapidado, año a año, es colosal y que llega a afectar las cifras de crecimiento de Estados Unidos. No por otra razón algunos de los opositores más radicales de la prohibición pertenecen a la derecha económica, digamos el finado Milton Friedman o la revista The Economist. Un capitalista convencido no puede ver con buenos ojos semejante holocausto de billetes causado por la estupidez oficial.
De ahí que la verdadera razón para la prohibición haya que buscarla en otra parte, por ejemplo, en las ideologías de control político y en el racismo que las subyace. Sucede que la producción y el tráfico de drogas han sido actividades realizadas más que todo por negros y latinos, con lo que la prohibición enfatiza que los teñidos con distintos grados de chocolate en la piel son moralmente inferiores y políticamente indignos. Se insiste, entre otras cosas, en que es la oferta la que engendra la demanda, lo que traducido en términos raciales significa que los traficantes negros y latinos corrompen al buen consumidor blanco.
A este racismo implícito le ha venido saliendo, sin embargo, un fuerte bemol: la marihuana. Sucede que la famosa hierba que tanto le gustaba a la cucaracha no sólo es consumida de forma mayoritaria por gringos blancos, sino que sus productores y comercializadores son sobre todo caraspálidas locales. El dato es tan importante que por ahí podría empezar a resquebrajarse el edificio prohibicionista. Las noticias al respecto son alentadoras. Barney Frank, un legislador gay y demócrata por Massachussets, radicó hace poco un proyecto de ley para despenalizar a nivel federal la dosis personal de marihuana. Frank insiste en que no es un legalizador –esto, aún hoy, implica un suicidio político– si bien, de pasar su proyecto, la hipocresía del resto del andamiaje prohibicionista se haría todavía más notoria.
Desde hace unos años los opositores más lúcidos a la Guerra Contra las Drogas entendieron que el eventual desmonte de la prohibición vendría por pasos, ya que la legalización en seco se considera políticamente imposible. Bautizaron al primer paso con una frase pegajosa: “Reducción del daño”. ¿Qué significa la “reducción del daño” para un país primordialmente productor como Colombia? La respuesta no es obvia y da para una futura columna.