AHORA QUE LA CORTE CONSTITUCIOnal entra en la recta final de su estudio sobre el referendo, no sobra recapitular lo que está en juego y los criterios que necesariamente se deben tener en cuenta.
Me decepcionó la columna en la que María Isabel Rueda predice un triunfo (7-2) de la inexequibilidad, pero por ahí derecho trivializa el problema de los vicios de forma, diciendo que para todos hay respuesta. El que busca disculpas, querida María Isabel, encuentra disculpas. Sin embargo, ése no es argumento de peso: disculpas hay hasta para echar bombas atómicas.
Los notorios y acumulativos vicios de forma en los que incurrió el Congreso durante el trámite de la ley del referendo son una vez más el síntoma, no la enfermedad. La enfermedad consiste en que desde hace décadas padecemos de una rama legislativa envilecida que se rige en últimas por las “leyes” de su propia degradación, no por las formalidades legales. Y aunque no cabe discutir aquí sobre los orígenes de esta degradación, sí importa decir que los pesos y contrapesos se hallan, de facto, rotos en Colombia, pues el Ejecutivo —precavido del presupuesto nacional y de la tradición presidencialista— ha doblegado en forma reiterada al Legislativo a punta de prebendas y presiones. Los citados vicios de forma constituyen en realidad el rastro de una negociación tensa y turbia. Dejarlos pasar, por esto mismo, no es asunto menor: equivale a bendecir un ejercicio político sistemáticamente corrupto y ayudar a perpetuarlo. Lo contrario, frenarlos, implica una presión, así sea parcial y casi tibia, hacia la restauración de la dignidad política en el país. Ésta no tiene por qué tener un color político: puede ser de izquierda, de centro o de derecha. De hecho, un sistema sano oscila como está oscilando Chile.
Las constituciones son estructuras jurídico-políticas diseñadas para resistir vendavales y cambios políticos muy fuertes. Lo ideal es que nazcan de consensos sólidos, o sea de esas extrañas circunstancias en las que una amplia mayoría ciudadana logra ponerse de acuerdo sobre los cimientos que le convienen a un determinado país. A estos consensos se llega por lo general después de alguna experiencia muy traumática: una guerra, una depresión económica, algo por el estilo. Fue nuestra mala suerte que la Constitución de 1991 naciera débil, como producto de un consenso débil y en medio de una guerra contra el narcotráfico que no se ganó. El consenso nunca se fortaleció y, ahora, sin haber cumplido veinte años, la Constitución corre grave peligro de muerte. Aun así, ¿qué tan preferible es vivir bajo una constitución vapuleada e imperfecta, pero viva, a ser regidos por el sistema clientelista desenfrenado y personalista que nos promete la alternativa? No por obvia deja la respuesta de tener aristas importantes. El escenario se anuncia patético: la Corte da vía libre al referendo re-reeleccionista y durante Uribe III la Constitución de 1991 muere tras una rauda agonía, perpetuando de esa forma el frustrante círculo vicioso que vivimos en materia institucional. Como este país está lleno de constitucionalistas, al final redactan una nueva constitución. Peor, o incluso mejor que la actual, el ciclo en ese caso se anuncia casi con seguridad más breve que el que amenaza con tener su punto de quiebre en 2010. Mientras, pasan décadas.
En síntesis, aquí lo esencial es que los vicios de forma delatan vicios de fondo. Ojalá lo entiendan así los magistrados.