Cualquiera que piense que las Farc están a favor de los campesinos del Catatumbo, es mejor que lo piense de nuevo y recuerde, por ejemplo, cómo en la madrugada del 15 de junio de 2004 estos amigos del pueblo asesinaron a sangre fría a 34 raspachines (los campesinos más pobres de todos) en La Gabarra, un corregimiento de Tibú. Hay amores que matan.
No era la primera masacre de las Farc (o del Eln) en la zona ni sería la última, aunque sí fue la peor. Claro, antes y después de este episodio aterrador los paramilitares, con y sin la mirada cómplice del Ejército y la Policía, produjeron sus propias masacres desde que llegaron a la zona en 1999. Sin embargo, la (relativa) desmovilización de los paras convirtió a las dos alas de la guerrilla en el único actor armado ilegal de peso en la zona. El año pasado Álvaro Sierra escribía lo siguiente en una crónica para Semana: “Hoy el Catatumbo es quizá el único lugar de Colombia donde las Farc lograron copar los espacios dejados por los paramilitares. ‘Ven todo, saben todo’, dice un habitante”. En este contexto, ¿es posible que la población proteste de forma espontánea? No existe ni la más remota posibilidad. Por eso los que dicen que los fortísimos indicios de que las Farc manipulan y amenazan a los campesinos del Catatumbo no importan son unos ilusos. Habrá que perdonarle al señor Todd Howland, el representante de la ONU, su ingenuidad al respecto, dado que está aquí hace demasiado poco como para calibrar estas cosas.
La infiltración de los movimientos sociales es una vieja táctica de la guerra insurgente, descrita con claridad en los manuales revolucionarios. En el Catatumbo sí había de larga data una situación combustible, pero no cabe duda de que esta vez las Farc fueron los pirómanos que empezaron el incendio. Por su cuenta el Catatumbo es hoy un laboratorio de guerra, no de paz.
El conflicto que allí se vive es muy parecido a otros que tuvieron lugar en los últimos 30 años en el país y ejemplifica a la perfección la aparente paradoja de que a mayor potencia de los movimientos ilegales, menor potencia de la protesta social. La maquinaria del conflicto democrático funciona mal en casos como el del Catatumbo. Hay, claro, campesinos con problemas a quienes el Estado les ha cumplido poco o nada, pero hecha excepción del campesino raso que protesta porque se ve afectado y desamparado, cualquier dirigente sabe que cuando el movimiento está infiltrado por la guerrilla (por los paras o por quien sea), la que se impone es la agenda del actor armado. Ésta casi nunca coincide con la de los campesinos y puede incluso ser su antítesis, en la medida en que aplica la vieja noción maximalista de que lo que les sirve a los revolucionarios es agudizar las contradicciones, no resolverlas, lo que en plata blanca implica que entre más desesperado esté un campesino, mejor para la revolución.
¿Qué pasaría si mañana las armas salen de la ecuación o, lo que es lo mismo, la agenda revolucionaria se acaba y entran a jugar diversas agendas reformistas? Lo más probable es que haya más, y no menos, conflictos sociales, pero sobre todo que éstos sean distintos, más auténticos.
Sea de ello lo que fuere, un tratado de paz es la única perspectiva de resolver el problema del Catatumbo. Y no es por ser ave de mal agüero, pero de no firmarse la paz, lugares como éste volverían a ser el infierno que ya fueron en el pasado.