Sólo una persona muy despistada, fanática o de mente colonizada puede pensar que un crimen que consiste en sembrar unas matas prohibidas, cosecharlas, procesarlas y luego vender sus productos o subproductos con ganancia a terceros es comparable a masacrar decenas de personas, dar un tiro de gracia en la nuca a un secuestrado, poner una bomba en un lugar repleto de civiles o llenar una vereda de minas quiebrapatas, entre otras conductas espantosas.
Los colombianos hemos pagado suficiente por cuenta de la inicua guerra contra las drogas, para que ahora nos la quieran convertir en un obstáculo insalvable en las negociaciones de La Habana. No olvidemos que la sangría a la que nos sometimos por borregos partió de una prohibición que se sacó del cubilete un oscuro presidente republicano que a poco andar debió renunciar a su puesto: Richard Nixon. El propósito de dicha legislación es antiliberal y consiste en pensar que el Estado debe controlar lo que consume un adulto motu proprio. ¿Que hay una minoría que abusa de las drogas, tanto de las legales como de las ilegales, y que por esa vía puede ocasionar problemas? Cierto. Si alguien pone en riesgo a los demás, dígase un conductor borracho, debe ser castigado, y si se pone en riesgo a sí mismo mediante el abuso y la adicción, pues debe ser tratado como un enfermo. Pero ojo que las adicciones, y potencialmente son muchas, implican, primero que todo, un problema de salud pública.
La ideología que subyace a la prohibición dice que los malos son los otros, los mestizos, los negros, los colombianos, todos presuntos traficantes, y que por eso resultan sospechosos. Una visión más liberal diría que la culpa, punible o no, hay que endilgarla al consumidor. Porque nadie obliga a nadie a meter nada y, sobre todo, nadie obliga a nadie a convertir una presunta diversión en una dañina adicción. Estados Unidos no es en ello un país ejemplar: allá les parece muy normal que en cualquier casa haya suficiente armamento como para borrar a un colegio del mapa, pero si hay unas cuantas onzas de marihuana o unos cuantos gramos de cocaína, el dueño tiene que ir a parar a la cárcel. Claro, eso era hasta antes de ayer, porque hoy los gringos están legalizando la marihuana a marchas forzadas. Por ahí derecho legalizarán luego las demás drogas. En fin, la familia de Bob Marley acaba de registrar la marca de marihuana “Marley Natural” (www.marleynatural.com) y nosotros aquí todavía pendientes de la doctrina antediluviana del procurador Ordóñez sobre los delitos conexos con el delito político.
Hay que recordar que lo que ha sumido a este país en la barbarie no es el narcotráfico per se, sino otros delitos derivados de él. Pablo Escobar, para escoger al capo emblemático, no se convirtió en el enemigo público número uno del Estado colombiano por traficar con drogas, sino por derribar aviones, asesinar candidatos presidenciales, directores de periódico y altos funcionarios, poner bombas en cualquier esquina y, en general, por eliminar con escalofriante frialdad a quien osaba atravesarse en su camino.
Las propias Farc se degradaron por sus prácticas salvajes que nos retrotrajeron a los tiempos de la esclavitud, no tanto por haberse lucrado de la cocaína. Así, el narcotráfico como delito conexo no es un sapo que hay que tragarse, es un renacuajo. Lo sapos son otros: secuestro, masacre, reclutamiento de menores, terrorismo en plaza pública y un largo etcétera.