Parafraseando la conocida advertencia de Clemenceau sobre la guerra, digamos que la justicia es un asunto demasiado importante como para dejarlo únicamente en manos de magistrados. Tampoco le ha ido bien a la justicia con nuestros políticos. Seré, pues, obvio: tenemos un problema mayúsculo.
Cualquiera que lea con ojo crítico la Constitución de 1991 concluirá que el diseño institucional de la justicia no se cuenta entre sus aciertos. Hay, para decirlo en forma coloquial, demasiados trenes con demasiados maquinistas que se cruzan en demasiados puntos. Los choques, por ende, son inevitables, así como la permeabilidad del sistema a los intereses creados.
La justicia es política en esencia, hasta el punto de que su eficacia proviene del más certero de los inventos políticos de la humanidad: la limitación del poder por la vía de dividirlo en tres ramas que se controlan y balancean mutuamente, intentando convivir en armonía. De ahí que cuando se habla de la necesaria despolitización de la justicia conviene explicar que la idea no es crear unas instituciones neutras y puras regidas por ángeles, sino desterrar de la rama lo que comúnmente se conoce como politiquería.
¿Pero por qué hay tanta politiquería en la justicia colombiana? Aparte de los defectos de diseño institucional, yo creo que otros factores exacerbaron el fenómeno: la clase judicial —decapitada el 6 de noviembre de 1985 por cortesía del M-19, con ayuda del Ejército— se pudo recuperar sólo a medias, y a comienzos de los noventa tenía un nivel promedio discreto, con insuficientes excepciones. Luego, el crimen organizado en sus distintas vertientes siguió copando al Estado en buena parte del país, y la justicia fue uno de sus blancos predilectos: dosis simultáneas de oro y plomo estaban destinadas a víctimas judiciales.
Vino entonces el catalizador perverso del deterioro judicial encarnado en la persona de Álvaro Uribe, sobre todo durante su segunda presidencia. Lo que cabe reconocerle en materia de seguridad y defensa no puede servir para ocultar el radical desatino de Uribe en materia de justicia. So pretexto de ahorrarse unos pesos, no tuvo mejor idea que abolir el Ministerio de Justicia, lo que redujo la rama en el Ejecutivo a un viceministerio controlado por el titular de la política, arreglo a todas luces inconveniente. Yo creo que Uribe exacerbó la politiquería en la justicia para controlarla mejor y que lo hizo a sabiendas. Al final ocurrió la absurda y documentada persecución contra la Corte Suprema durante su segundo mandato.
Ahora bien, una rama mejor diseñada y regida por gente éticamente más sólida quizás habría podido resistir el embate de un Ejecutivo envalentonado y carente de escrúpulos, pero no fue así. Me dirán que si nuestros magistrados y políticos son como son, no queda de otra que resignarse, que eso es lo que da la tierra y que nadie, sino ellos, puede reformar el sistema.
Cabe aclarar, por último, que existen reformas con el potencial de empeorar los problemas que pretenden arreglar. No digo que este sea el caso del proyecto de acto legislativo que hace meses se abre paso a empujones en el Congreso, aunque el peligro existe. En fin, se habla mucho de acuerdos sobre lo fundamental sin que quede claro qué es fundamental y qué accesorio en materia de justicia en Colombia. Dicho de otro modo, necesitamos suerte, recurso que no abunda en el ambiente. Imposible, pues, ser optimistas.
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