La visita de Estado de Dilma Rousseff a la Casa Blanca, anunciada en mayo para el 23 de octubre —con cena de gala y ceremonia militar incluidas—, era señal de un salto cualitativo importante entre Brasil y Estados Unidos, luego de años de relaciones cordiales pero distantes y marcadas por desacuerdos sistemáticos sobre diversos asuntos económicos y políticos.
Se trata de la forma más alta de contacto dentro del canon diplomático, la cual se extiende solamente a contrapartes estratégicas y amigas. La de Rousseff sería la primera de un jefe de Estado brasileño desde 1995 y la única programada hasta ahora en todo 2013 en Washington. En ella se discutirían, entre otros, un contrato de US$4.000 millones con Boeing para la compra de jets de combate, la cooperación en seguridad y el robustecimiento de las relaciones comerciales. Para la presidenta brasileña, que se ha destacado por un fuerte pragmatismo y cierta “desideologización” de la política exterior, el encuentro permitiría fortalecer los vínculos bilaterales y, al mismo tiempo, validar públicamente el reconocimiento estadounidense del prestigio y el poder de Brasil.
Al estallar el escándalo de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), el soleado clima se fue nublando y se tornó oscuro a medida que más información sobre las actividades realizadas en Brasil se filtraba. En distintos dossiers revelados por O Globo se ha descubierto que Estados Unidos hacía seguimiento a las comunicaciones telefónicas y electrónicas de la misma presidenta Rousseff (y a Enrique Peña Nieto cuando era candidato en México), así como a la empresa Petrobrás. Llaman la atención también las referencias a Brasil, junto con India y Turquía, como riesgo para la estabilidad regional con un estatus dudoso como “amigo”. En resumidas cuentas, además de una herramienta de combate al terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y el tráfico de armas, el caso brasileño hace ver que muchos de los programas ejecutados desde la NSA han sido de espionaje “convencional” contra gobiernos extranjeros, tanto amigos como aliados, algo inadmisible desde todo punto de vista.
El hecho de que el gobierno brasileño haya estimado menos costoso cancelar la visita de Estado —siendo posiblemente la primera vez que se hace semejante desplante— que seguir con ella refleja cuánto ha cambiado el balance de poder entre Brasil y Estados Unidos, así como el peso neurálgico de la soberanía dentro del imaginario nacional. Además de emitir el mensaje categórico a Washington de que las explicaciones brindadas hasta ahora no son satisfactorias, en una coyuntura en la que la reelección de Rouseff no está garantizada, contrariar a sus asesores más cercanos, entre ellos el expresidente Lula, la oposición y la opinión pública, que comparten el mismo sentido de indignación, sería contraintuitivo.
Rousseff ha advertido a su homólogo estadounidense que llevará el tema del espionaje a la Asamblea General de la ONU a fin de mes, lo cual puede levantar ampollas y suscitar una discusión sobre el lugar del espionaje en el mundo. También prepara una legislación que obligaría a compañías de internet a crear centros de datos dentro del país con el fin de controlar sus actividades. Son decisiones que resultan caras para Estados Unidos y que podrían llevar a Obama a presentar disculpas públicas a Brasil. Dentro de la lógica de la diplomacia brasileña, éstas serían suficientes para dar por superado el impasse.