Sea quien sea la ganadora de las elecciones presidenciales en Brasil —los sondeos coinciden en que Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, y Marina Silva, del Partido Socialista, disputarán el cargo en segunda vuelta el 26 de octubre—, los problemas con los que tendrá que lidiar la futura gobernante no son pocos.
Entre ellos se destacan la indignación colectiva por los altos niveles de corrupción (según Transparencia Internacional, Brasil bajó en 2013 al puesto 72 entre 175, después de haber ocupado el lugar 43 en 2012), las demandas en torno a los deficientes servicios públicos (transporte, educación y salud), la inseguridad ciudadana, la brutalidad policial, la inflación, que amenaza con aumentar el desempleo y reducir el poder adquisitivo de la población, y ahora, la recesión económica.
A lo anterior se suma el disgusto generalizado causado por la inversión en proyectos de infraestructura asociados a la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos, valorada en unos US$13.000 millones, que en su mayoría no han beneficiado a los brasileños —muchos de los estadios de fútbol construidos jamás serán reutilizados— y que han aumentado el ya considerable déficit fiscal.
En política exterior, los desafíos no son menos significativos. Durante la primera década del siglo XXI, un contexto global caracterizado por la crisis de liderazgo de Estados Unidos y el surgimiento de nuevos poderes emergentes, en combinación con una boyante economía interna y el carisma singular de Luiz Inácio Lula da Silva, convergieron para producir el “ascenso” internacional de Brasil. El presidente Lula asumió la coordinación de las operaciones militares de mantenimiento de paz en Haití, abrió más embajadas en África e intensificó la cooperación Sur-Sur en ese continente, participó en la creación del G-20, ejerció un papel protagónico en la Ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio, medió en la crisis financiera de 2008, promovió la creación de Unasur, lideró alternativas de manejo del conflicto de Occidente con Irán y, en general, sirvió de vocero de los países progresistas del Sur global.
A diferencia de Lula, la política exterior de Rousseff ha sido caracterizada por un perfil más bajo, dado el estilo de liderazgo de la presidenta, pero también ha sido afectada por la desaceleración económica. El segundo factor se ha traducido en un papel internacional más introspectivo y menos proactivo. De agudizarse esta tendencia, la política exterior del próximo gobierno de Brasil será menos producto de los deseos de quien gobierne y más resultado de las realidades que existen.
Sin importar la ganadora, por ejemplo, se avecinan intentos por flexibilizar a Mercosur, cuyas reglas de juego no permiten la negociación de acuerdos comerciales bilaterales. Esto con el fin de que Brasil pueda suscribir nuevos tratados con la Unión Europea, Japón, los miembros de la Alianza del Pacífico e incluso Estados Unidos. Mejorar la relación con Washington, en especial después de que el escándalo del NSA aplacó el acercamiento realizado por Rousseff, será también un objetivo común.
Frente a Venezuela, y aunque se ha especulado que Silva estaría menos dispuesta que Rousseff a dar apoyos incondicionales a Nicolás Maduro, la tradición brasileña de multilateralismo y no intervención hace implausible que ejerza mayor presión pública frente a la crisis interna venezolana. Y en cuanto a la añorada conversión de Brasil en potencia energética, ambas candidatas tendrán que enfrentar la crisis actual de la industria de biocombustibles, así como los obstáculos existentes para aprovechar las vastas reservas marítimas de petróleo.