Pese al desarrollo de un discurso cosmopolita de respeto a las reglas de juego globales, en especial en lo concerniente a los derechos humanos y la democracia, el cual ha buscado reconstruir la imagen de Colombia ante el mundo, una vez más, con la decisión de desacatar las medidas cautelares recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Petro, el gobierno de Juan Manuel Santos ha demostrado que las exigencias coyunturales de la política nacional tienen prelación sobre los acuerdos internacionales que el Estado colombiano ha suscrito y prometido cumplir.
La posición oficial, primero sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo con Nicaragua, en donde se argumentó simultáneamente que era inaplicable pero que Colombia no desconocía la jurisdicción de La Haya, y ahora, sobre la petición de la CIDH, ha sido contradictoria, por no decir risible. En sus columnas en El Espectador, los juristas Ramiro Bejarano, Mauricio García y Rodrigo Uprimny coinciden en señalar el carácter obligatorio y vinculante de las recomendaciones de la CIDH. Hasta hace poco, cuando se debatía la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el gobierno de Juan Manuel Santos argumentaba lo mismo, ya que nunca propuso la eliminación de las medidas cautelares ni cuestionó su obligatoriedad.
Tristemente, en este punto la diferencia entre Santos y Álvaro Uribe es tan sólo de matices. Desde los falsos positivos, las chuzadas y la compra de votos para la reelección, hasta el apoyo a Estados Unidos en Irak y el bombardeo de Angostura en territorio ecuatoriano, el segundo se escudaba en el “Estado de opinión como fase superior del Estado de derecho”, para justificar el maltrato a la ley nacional e internacional. Aunque más sofisticada, la “inaplicabilidad” del fallo de La Haya y de las medidas cautelares de la CIDH —que supuestamente llevarían al presidente a violar la Constitución— pone en evidencia el mismo estilo oportunista y antidemocrático, que se traduce en una condescendencia selectiva frente a la normatividad internacional hasta cuando no convenga o no guste.
En encuestas de opinión pública, como Latinobarómetro, Lapop y Las Américas y el Mundo, Colombia figura entre los países de América Latina en los que menos apoyo se observa a la democracia como mejor forma de gobierno. También encabeza la lista de los que piensan que la ley no se cumple y en donde la mayoría de las personas cree que en caso de considerar injustas las leyes nacionales, o costosas o indeseadas las decisiones internacionales, los ciudadanos y el Estado, respectivamente, no las deben aceptar. Además de los gobiernos, que son a la vez espejo y origen de estas percepciones, los medios de comunicación también son cómplices, ya que sus lecturas acríticas de la realidad tienden a reproducirlas en lugar de rehabilitarlas.
La táctica del desacato con fines políticos internos no sólo erosiona la legitimidad externa de Colombia, cuya fuente más sólida ha sido justamente la defensa de la normatividad internacional. Tampoco augura bien para las negociaciones de paz, ya que el rechazo de sectores importantes de la opinión nacional a cualquier tipo de concesión jurídica o política a los guerrilleros desmovilizados podría, bajo la misma lógica, forzar el incumplimiento de lo pactado. Peor aún, y con miras a la etapa del posconflicto, dice bastante de la maltrecha democracia colombiana.