En las últimas décadas ha emergido un consenso entre la comunidad científica mundial acerca de los riesgos que enfrenta la especie humana si no adoptamos cambios radicales en nuestra forma de vivir en la Tierra. Tristemente, la tragedia en Mocoa –en donde se sumaron la falta de planeación urbana, la deforestación, el uso indebido de los suelos y lluvias atípicas a las condiciones naturales de por sí inestables de esta zona amazónica– es tan solo el último ejemplo de la “furia” de la naturaleza.
La consulta popular de Cajamarca, en la que 97 % de los votantes rechazaron la construcción de una mina de oro a cielo abierto, refleja un sentir creciente en Colombia, América Latina y el mundo de que hay que poner límites a la explotación de los recursos naturales, de cuyo bienestar dependemos como especie. En reflejo de ello, El Salvador acaba de hacer historia al aprobar una ley que prohíbe totalmente la minería metálica. A diferencia de este país centroamericano, la mayoría de los gobiernos se jactan todavía del dominio del Estado sobre el subsuelo y su potestad para usufructuarlo y desconocen, infantilizan o criminalizan la movilización social en defensa del medio ambiente.
El debate global sobre el antropoceno se ha radicalizado aún más ante la idea de que los árboles, ríos y montañas deben tener estatus legal. La Constitución del Ecuador y la ley marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien de Bolivia fueron pioneras al otorgar los mismos derechos a la naturaleza que a los seres humanos y dieron lugar a la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, promovida por Evo Morales con miras a su adopción por parte de la ONU. Hace poco, el Whanganui en Nuevo Zelanda se convirtió en el primer “ser-tierra” del mundo en adquirir los derechos y poderes de una persona, producto de una compleja negociación con los maoríes, quienes consideran al río un ancestro indivisible de su propia existencia. De forma similar, los ríos Ganges y Yamuna, de los más contaminados de la India, se han declarado entes legales vivos.
Como lo ilustran los casos de otros grupos humanos discriminados, o el mismo Ecuador y Bolivia, en donde la ley no ha impedido la locomotora minera y petrolera, otorgar derechos a la naturaleza no garantiza automáticamente su protección. Sin embargo, plantea un cambio trascendente en la forma de comprender nuestra existencia en la Tierra, así como nuestras relaciones con otros “seres-tierra”. Además de invitar a la reevaluación y eventual abandono de la perspectiva antropocéntrica de dominar y poseer el medio ambiente para nuestro beneficio y “desarrollo” propios –producto de la supuesta excepcionalidad de los humanos frente a los demás entes vivos–, abre horizontes distintos y posiblemente mejores para convivir. Como afirma el visionario jurista ambiental Christopher D. Stone, recordando la experiencia de las mujeres, los indígenas y los afros, hasta que se confieran derechos a seres que no gozan de estos, la mera idea suena descabellada. ¿Qué tal que no lo sea?