Desde que la oposición venezolana ganó las elecciones parlamentarias a finales del año pasado y cumplió a mediados de este la primera etapa del proceso de revocatoria contra Nicolás Maduro, el gobierno ha asumido como misión socavar el poder legislativo y de control político de la Asamblea Nacional (AN) e impedir el avance de la consulta popular. Su estrategia principal ha sido la cooptación del Tribunal Supremo de Justicia y de otros entes públicos para disfrazar de legalidad acciones arbitrarias desde la persecución política y el uso focalizado de la violencia contra los líderes opositores, la intimidación a la prensa, la acusación de fraude en la recolección de las firmas iniciales exigidas para iniciar la revocatoria, hasta la remoción de la AN de la aprobación del presupuesto nacional y el aplazamiento de las próximas elecciones para gobernadores y alcaldes.
Pese a esto, la suspensión del proceso revocatorio, cuya segunda etapa —recoger firmas equivalentes al 20 % del censo electoral— debía realizarse esta semana, sugiere un cambio radical en el juego político. El controversial fallo de cinco juzgados penales regionales y su acato inmediato por el Consejo Nacional Electoral —que ya había avalado la continuación del proceso— constituye un bloqueo abierto del derecho ciudadano al voto que confirma sin tapujos la transición en Venezuela de un “autoritarismo competitivo” a una dictadura sin adjetivos.
Ante el fantasma de las manifestaciones de 2014, y con miras a evitar brotes iguales o peores de violencia y a consolidar un discurso centrado en la salvaguarda de la democracia, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) apostó a la canalización del creciente descontento de la población con el chavismo a través de los mecanismos electorales. Sin embargo, con la tumbada del proceso revocatorio —que de haber prosperado hubiera provocado el reemplazo de Maduro por el vicepresidente, mas no elecciones inmediatas— parece agotarse la última vía legal para que los venezolanos se expresen mediante las urnas. Así, la movilización popular y la desobediencia civil se perfilan como una de las únicas salidas restantes, con todos los riesgos que ellas implican. Preocupa por ejemplo la frecuencia con la que se advierte sobre la inminencia de una guerra civil en el país de continuar la situación política, económica y social como va.
Lo que resulta claro es que sin apoyo popular el “Madurazo” no tiene perspectivas de sostenibilidad sin acudir a medidas generales de represión que podrían incitar un espiral imparable de violencia. Tampoco promete una AN que se declaró en rebeldía contra este “golpe de estado” y prometió restaurar el orden constitucional, pero que carece de poder. Un frente social amplio entre distintos sectores, incluyendo la disidencia chavista, por más deseable que sea, se ve también lejano. En medio de tal incertidumbre, la “toma de Venezuela” y un nuevo diálogo en el que mediará el Vaticano, pueden dar pistas sobre el futuro próximo.