De las declaraciones más sugestivas hechas por Gustavo Petro, la de que «un alcalde de Bogotá tiene que tener una agenda nacional e internacional si quiere ser un buen mandatario» es también la que mayor polémica ha causado.
Pone de manifiesto la creciente importancia de las ciudades como agentes de la política mundial, al tiempo que controvierte la idea convencional según la cual los Estados nacionales son los voceros únicos de la diplomacia.
Es sabido que las relaciones internacionales han sufrido profundos cambios asociados con la globalización. La reducción de las distancias geográficas, el aumento en los flujos de bienes, capital, tecnología, personas e ideas y la proliferación de variados canales y tipos de interconexión han repercutido en una creciente porosidad de las fronteras, así como la pérdida de control del Estado sobre los procesos económicos, políticos y sociales que ocurren dentro del territorio nacional. Menos discutido es cómo las dinámicas señaladas han abierto espacios considerables para que distintos actores subnacionales realicen actividades diplomáticas propias.
El término de la “paradiplomacia” —tan desafortunado para el contexto colombiano que no se puede emplear— hace referencia al ensamble de acciones internacionales realizadas por actores distintos al Estado-nación en procura de objetivos propios. Si bien el debate sobre este tipo de diplomacia “paralela” ha sido más álgido en países caracterizados por sistemas federales (Alemania, Brasil, Estados Unidos, México) o en aquellos en donde existen grupos subnacionales que exigen un reconocimiento diferenciado (España, Canadá), los procesos de descentralización del poder político y de la responsabilidad administrativa y fiscal —a los cuales Colombia no es inmune— han dado lugar a una mayor autonomía y activismo de los gobiernos subnacionales en general.
En contraposición al Estado-nación, la ciudad constituye una unidad sociopolítica cuya importancia tiende a crecer en un mundo globalizado. Además de que la “diplomacia municipal” se ha vuelto más visible, las grandes ciudades —receptoras de migrantes, refugiados, bienes y empresas extranjeras, y políticas fiscales, monetarias y de desarrollo importadas— se han constituido en un referente obligado para analizar los efectos de la globalización.
Existen razones de sobra para que Bogotá, la principal urbe de Colombia, tenga una agenda internacional propia. Dos de ellas fueron insinuadas por Petro: la población de desplazados, cuya atención demanda una interlocución permanente con actuales y futuros donantes, y los posibles efectos del TLC. Sin embargo, la diplomacia municipal debe también promover procesos de aprendizaje mutuo con otras ciudades del mundo, la inversión, el comercio y el turismo, y, no menos significativas, la cultura y la educación.
El carácter presidencialista y excluyente de la política exterior colombiana hace que la diplomacia subnacional sea vista como una competidora indeseable. Algo similar a lo ocurrido con muchos actores de la sociedad civil, que en lugar de verse como aliados para la construcción de una política exterior más incluyente, democrática y efectiva, se consideran un obstáculo. El mundo de hoy apunta a la necesidad de crear múltiples estrategias diplomáticas. Bienvenida sea la diplomacia municipal de Petro, sobre todo si de ella resulta no sólo la defensa de los intereses de Bogotá sino la educación pública sobre política internacional y el estímulo a la participación ciudadana.