Desde mediados de la década anterior, Brasil ha experimentado nada menos que una extraordinaria transformación.
Es el quinto país y población más grande del mundo y su octava economía; el primer productor de caña de azúcar, café, carne de res, pollo, jugo de naranja y etanol, y el número dos de soya; uno de los receptores principales de inversión extranjera; autosuficiente y líder mundial en energía renovable y limpia, y la fuente más grande de biodiversidad del planeta. Además goza de niveles decrecientes de pobreza y desigualdad, una clase media boyante y, hasta hace poco, altos niveles de crecimiento económico. Como si esto fuera poco, fue escogido como sede para la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y para los Juegos Olímpicos de 2016, ratificando el sueño centenario de convertirse en un “gran” país.
El contraste entre el festejo nacional provocado hace muy poco por semejantes logros y las protestas masivas de estos días, entre cuyos blancos está el desmedido gasto que han implicado tales eventos internacionales, no podría ser mayor. Más allá de sus orígenes inmediatos, que incluyen el alza de las tarifas del transporte público y el uso desproporcionado de la fuerza policial, las causas estructurales de la “revolución del vinagre” pueden hallarse en la disparidad creciente entre el país “internacional”, cuyo ascenso es reconocido mundialmente, y las realidades vividas del país “nacional”. Entre éstas, corrupción e impunidad, deficiencias en los servicios sociales y la infraestructura, desigualdad y discriminación racial, esfuerzos sospechosos de “pacificación” en las favelas, y, ahora, aumentos en el costo de vida por la inflación, la devaluación y la desaceleración de la economía.
El sector educativo evidencia, tal vez, el desfase más grande entre el lugar que ocupa Brasil en el mundo y la situación local. Además de las bajas calificaciones que ha recibido en áreas como matemáticas y alfabetismo, menos del 20% de los jóvenes entre 18 y 24 estudian o tienen título universitario, y de éstos el 90% es blanco. Las profundas desigualdades raciales que caracterizan el acceso a la educación superior son incluso motivo de una reciente y polémica ley de acción afirmativa en las universidades públicas.
Aunque los escándalos de corrupción son endémicos de la política brasileña, casos como el del expresidente Collor de Mello —quien pese a ser destituido en 1992 ejerce hoy como Senador— y, más aún, el mensalão — que terminó en la condena del exjefe de gabinete de Lula y otros 23 altos funcionarios sin que ninguno haya pagado cárcel— también son fuente creciente de rechazo a la clase política y al inoperante sistema judicial.
Una de las lecciones de lo que está ocurriendo en Brasil es que entre más se mete un país al mundo, mayores expectativas y exigencias puede generar entre su población, sobre todo cuando el país “internacional” no se traduce en amplios beneficios nacionales. La astucia con la que la presidenta Rousseff ha reconocido la legitimidad de la protesta pacífica y se ha comprometido a combatir las fuentes del descontento pone de manifiesto, como ella señala, la necesidad de “escuchar las voces de la calle”. Si bien la clase media colombiana está lejos de rebelarse —acaba de elegir a Álvaro Uribe como el “gran colombiano”—, los mismos dolores de crecimiento que experimenta Brasil llegarán aquí tarde o temprano.