La participación de Colombia en las pruebas Pisa, que miden la calidad de la educación en países de desarrollo alto y medio, en su mayoría miembros de la OECD —club al que el gobierno Santos aspira ingresar—, comprueba que nuestros estudiantes tienen deficiencias comparativas severas a la hora de resolver problemas básicos y de ejercer habilidades fundamentales de lecto-escritura y matemáticas.
En otras palabras, aquí no se enseña a pensar, lo cual sugiere que el sistema educativo —que naufraga por la falta de una política efectiva de Estado— está rezagado frente a las exigencias del mundo actual.
Los logros registrados por Colombia en cuanto a la cobertura universal en educación básica y media, correspondiente a una de las Metas del Milenio de la ONU, no se han traducido en mejorías en calidad ni avances comparables en la educación secundaria y terciaria, que están entre las sacrificadas de la “revolución educativa” iniciada hace una década. Además del bajo financiamiento público en estos niveles y las altas tasas de deserción, la inversión estatal en ciencia y tecnología ha sido poca y mal pensada.
El peso de la educación dentro del gasto público y como porcentaje del PIB es menor en Colombia que en países de tamaño similar y menor en América Latina, lo cual reafirma su baja importancia en relación con áreas como seguridad y defensa, seguridad social y salud. Pese a aumentos leves en la inversión pública en el sector desde mediados de la década pasada, aquélla palidece al lado de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, México, Uruguay y Venezuela.
Aún en la era neoliberal de reducida intervención estatal, la sobrevivencia de la educación como bien público y fuente de desarrollo es clara. Entre 1995 y 2008, por ejemplo, el gasto aumentó en 20 de 28 países de la OECD.
Un estudio de 2013 de Brookings Institution demuestra que en un mundo globalizado, caracterizado por cambios demográficos significativos, la educación de los jóvenes es motor del crecimiento y la prosperidad de la economía internacional. Pese a que la falta de educación de calidad genera costos para el sector privado y que la inversión en ella produce ganancias, las donaciones corporativas en salud son 16 veces mayores que en educación. Sin que la privatización sea una alternativa, el estudio aboga por el uso de fondos privados para resolver problemas públicos cuya solución es imperativa tanto desde la perspectiva de la justicia social como la de los negocios.
Las repercusiones de la mala educación son innumerables. Las inequidades en el sistema educativo colombiano, que manifiesta brechas considerables en términos de calidad y nivel de escolaridad entre zonas urbanas y rurales, y entre ricos y pobres, reproducen la desigualdad social en lugar de corregirla. No menos importante, la educación desempeña en la coyuntura actual un papel neurálgico en la construcción de la paz al fortalecer la democracia, fomentar la cultura cívica, promover el desarrollo económico y social, curar las heridas psicosociales y entrenar a guerrilleros desmovilizados.
Un “egoísmo ilustrado” aconsejaría la priorización de la educación de calidad, no sólo porque es un derecho básico y el posconflicto lo exige, sino porque tiene una relación indisputable con el crecimiento económico, la competitividad y el bienestar social. Tristemente, en lugar de construir la locomotora educativa que Colombia necesita, el Gobierno todavía anda en zorra.