Las elecciones en Estados Unidos, en combinación con la visita a Colombia la semana pasada del subsecretario de Estado, James Steinberg, y el anuncio de una "nueva fase" en las relaciones bilaterales ofrecen un momento oportuno para examinar el estado actual de éstas y especular sobre su posible futuro.
Para algunos el “diálogo de alto nivel” que inauguraron los dos gobiernos en derechos humanos, democracia y buen gobierno, energía, y ciencia y tecnología marca la desnarcotización definitiva de la agenda. Sin embargo, lo que se observa es un proceso gradual de desmilitarización. Desde 2007 la ayuda estadounidense se ha redistribuido hacia temas económicos y sociales enfatizados por el Plan Nacional de Consolidación —diseñado con el Comando Sur— que contempla, además de la contrainsurgencia, actividades de protección policial y jurídica de las poblaciones vulnerables, así como de desarrollo. El mensaje de Steinberg fue que seguridad, orden público y narcotráfico —vistos desde este lente no militar— seguirán siendo centrales, aunque no excluyentes, de otros temas.
Un segundo eje de replanteamiento de la relación apunta a que Colombia y Estados Unidos se vuelvan “socios estratégicos”. Ello significa no sólo que los dos países deben interactuar de “tú a tú” —lo cual suena ingenuo— sino que el Estado colombiano debe volverse autosuficiente. No es gratuito que, según el gobierno estadounidense, Colombia se haya vuelto un “modelo de desarrollo democrático”. Se sobreentiende que como “modelo” el país ya no necesita ayuda externa, con lo cual es de esperar que los altos montos recibidos desde 2000 sigan cayendo a un ritmo cada vez mayor.
Aunque la política exterior no formó parte de las campañas electorales en Estados Unidos, comercio y migración fueron dos excepciones importantes. Aun con control republicano de la Cámara y una pequeña mayoría demócrata en el Senado, el avance del TLC con Colombia no está garantizado. Si bien es cierto que uno de los obstáculos para su aprobación ha sido el dominio demócrata en el Congreso, votar a su favor puede ser costoso para los republicanos: no sólo divide al electorado, cuya oposición al libre comercio ha crecido a raíz del desempleo y el déficit comercial, sino que el Tea Party, cuyo peso en Washington aumentará, tampoco lo apoya. Inercia similar que se le puede augurar a cualquier reforma migratoria, dado el carácter polémico del tema entre sectores significativos de la población.
Ante este escenario —al que se suma un clima movedizo en el tema de drogas ilícitas en Estados Unidos y vulnerabilidades persistentes en el de derechos humanos en Colombia— el gobierno Santos enfrenta un doble reto: mantener vigentes los intereses colombianos mediante un lobby sistemático y el envío de mensajes inequívocos —no es claro, por ejemplo, si favorece el statu quo en la lucha antinarcóticos o su reformulación— y, sobre todo, determinar si éstos siguen siendo los mismos o si deben rediseñarse.