Puede ser que con la decisión de otorgar el asilo político a Julian Assange, el gobierno de Rafael Correa esté echando una cortina de humo para ocultar sus propias acciones en contra de la libertad de expresión en Ecuador y así eludir un mayor escrutinio internacional.
Puede que las acusaciones de dos mujeres de que el fundador de Wikileaks cometió delitos sexuales, razón por la cual es pedido en extradición por Suecia, sean ciertas. Y puede también que Assange sea megalómano, egoísta, misógino y paranoico. Nada de eso permite desconocer que Wikileaks constituye uno de los hechos mediáticos más importantes de las últimas décadas, que cientos de miles de artículos de prensa han hecho uso de los documentos filtrados y que la revelación de información diplomática y militar sensible enfureció a algunos de los países más poderosos del mundo.
Si el proceso judicial contra el soldado Bradley Manning —arrestado hace dos años y acusado de más de 22 crímenes por su participación en el escándalo— ofrece alguna pista sobre lo que le espera a Assange en Estados Unidos en caso de ser capturado o extraditado, como mínimo sería juzgado por violar el Acta de Espionaje, crimen castigable con cadena perpetua. Aunque se sabe que un gran jurado, cuyas deliberaciones son secretas por naturaleza, sopesa las evidencias que permitirían levantar cargos formales, Washington se niega a revelar si la investigación ha terminado y a garantizar que no pedirá a Assange en extradición.
Suecia tampoco ha imputado ningún cargo, sino que lo busca para interrogarlo. Sin pretender minimizar la gravedad de hechos como la violación y la coerción sexual, una orden internacional de arresto y pedido de extradición, aunque no son desproporcionadas respecto al crimen, sí son medidas extraordinarias que no se extienden a cualquier sospechoso. Si las autoridades suecas tuvieran interés en esclarecer las acusaciones, ¿por qué no aceptar la oferta tanto de la defensa de Assange como del Ecuador de entrevistarlo en las instalaciones de su embajada en Londres? No es la primera vez que Suecia actúa como testaferro de Estados Unidos cuando los intereses de seguridad de éste están en juego. Después del 11-S hay que recordar que ese país permitió el uso de su territorio para el programa de rendición de sospechosos del terrorismo, violando de paso la ley nacional e internacional contra la tortura.
La actitud intransigente de Gran Bretaña tiene, por su parte, un aire de represalia por los daños propios provocados por Wikileaks y de solidaridad de cuerpo con Estados Unidos. ¿Cómo entender de otro modo la fuerte presencia policial en las afueras de la embajada ecuatoriana y su amenaza —en plena negociación con los gobiernos de Ecuador y Suecia— de invocar una ley nacional de 1987 que, en violación de la Convención de Viena, permitiría capturar a Assange dentro del espacio soberano de la embajada? Y, ¿qué pensar del silencio de Australia, en donde Assange no ha violado ninguna ley, y cuyo gobierno podría buscar garantías de que los derechos de su connacional no sean violados?
“Cacería de brujas” o no, es difícil ignorar que distintos sectores oficiales en Estados Unidos y por fuera piden la cabeza de Wikileaks. Frente al imperio que contraataca, el derecho de conocer —del que todos somos dueños— sigue siendo el mejor antídoto.