La Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, que autoriza a los estados miembros a «adoptar todas las medidas necesarias» (con excepción de la ocupación del territorio libio por tropas extranjeras) para proteger a los civiles, constituye la aplicación más enérgica hecha hasta ahora del principio de la responsabilidad de proteger.
R2P (por sus siglas en inglés), aprobada en 2005 por la Asamblea General, establece el deber de la comunidad internacional de ayudar a proteger a los ciudadanos del mundo contra genocidios, crímenes de guerra, limpiezas étnicas y crímenes de lesa humanidad cuando sus Estados respectivos abdican esta responsabilidad o cometen dichos delitos. Durante los días anteriores a la decisión de intervenir en Libia, el pasado fue utilizado estratégicamente para acondicionar una respuesta afirmativa. Ruanda, Bosnia y Darfur fueron recordados como casos en los que la muerte masiva de la población civil hubiera podido evitarse de haber existido una intervención preventiva, y Kosovo y la “coalición de países voluntariosos” de la OTAN como uno en el cual la tragedia humanitaria pudo evitarse. Ante la insurrección libia, las amenazas de Gadafi de masacrar a las “ratas” opositoras, en conjunto con las atrocidades cometidas por él en el pasado, hacían creíble el argumento de que había un genocidio en ciernes en el país. Como reflejo de ello, en su discurso de esta semana el presidente Obama afirmó: “Me niego a esperar a ver imágenes de matanzas y tumbas masivas antes de actuar”, ya que éstas manchan “la conciencia del mundo”. Aunque frente a otras crisis humanitarias potenciales que demandarían la aplicación de la R2P las reacciones de la comunidad internacional han sido tibias, el rechazo mundial generalizado hacia Gadafi, la solicitud de la misma Liga Árabe de que se aplicara una zona de exclusión aérea y el no veto de China y Rusia la posibilitaron en este caso. No obstante, el entusiasmo con el que las antiguas potencias imperialistas, Francia y Gran Bretaña, asumieron el liderazgo de la operación militar, la afirmación prematura de Obama de que Gadafi tenía que irse y la negativa de los BRIC y de Alemania, uno de los mayores defensores de la R2P, a participar, ponen en entredicho su cimiento normativo. Más sospechosa aún es la implementación selectiva del principio. No ha sido invocado para contrarrestar las acciones de dictadores “amigos” en Bahréin, Siria y Yemen, quienes aumentaron su represión de los movimientos democráticos de oposición una vez la ONU aprobara el uso de fuerza en Libia. Y mucho menos ante Israel, cuyos bombardeos aéreos sobre Gaza y el Líbano han cobrado la vida de miles de civiles. No hay duda de que Gadafi es abominable y que a la mayor parte de la opinión pública mundial nos gustaría que dejara el poder. Pero no es menos cierto que el mito de la protección que encarna la R2P solamente puede convertirse en un verdadero “marco moral” internacional si se adopta en otros países en donde los Estados no protegen o violan los derechos humanos y si quienes la invocan dejan de ser únicamente las potencias de Occidente. Tristemente, el silencio mundial ante atrocidades humanitarias peores que las que están ocurriendo en Libia sugiere que estamos bastante lejos de semejante utopía.