La violencia contra las mujeres desconoce las divisiones trazadas por las fronteras geográficas, la estratificación socioeconómica, la distinción cultural, el tipo de régimen político y la separación entre lo público y lo privado. Pese a los esfuerzos crecientes por entender y condenarla, sigue siendo un problema generalizado en el mundo.
La prioridad que ocupa en las agendas nacionales e internacionales, medida en aspectos como el presupuestal, es relativamente baja en comparación con otros tipos de violencia, mientras que el mejoramiento y endurecimiento de las leyes internacionales y nacionales no ha ido acompañado de estrategias por hacerlas cumplir ni políticas sistemáticas para remediar sus causas.
Éstas se hallan en la asimetría de poder entre hombres y mujeres, y la reproducción y normalización de la inequidad de género. En otras palabras, hay una interrelación entre los distintos tipos de violencia, incluyendo el acceso diferencial a la salud y los alimentos, el abuso psicológico, físico y sexual en el hogar, los ataques con ácido, la trata y prostitución forzada y la violencia sexual asociada con la guerra. Un continuo que va desde los actos perpetrados por compañeros íntimos y esposos hasta los que practican los actores estatales y no estatales de los conflictos, y que reflejan y perpetúan la desigualdad.
Además de la vida de millones de mujeres directamente afectadas, es ampliamente reconocido que este tipo específico de violencia amenaza también el desarrollo económico y social de los países. Por ejemplo, a pesar de que no todas las Metas de Desarrollo del Milenio de la ONU se relacionan explícitamente con la equidad de género, en objetivos como la reducción de la pobreza, la salud infantil, la educación y el combate al VIH/sida, ha sido demostrado que no combatirla simultáneamente atenta con dejar intactas las estructuras económicas, sociales y políticas que impiden la realización del potencial de todos los seres humanos.
Por lo anterior, exigir que los culpables de la violencia contra las mujeres “se pudran en la cárcel”, aunque constituye un paso importante, no es suficiente. La experiencia internacional sugiere que atacarla de raíz exige medidas más profundas. Entre ellas, adoptar políticas de “cero tolerancia” de todo tipo de violencia sexual por parte de las autoridades civiles y militares; realizar encuestas regulares para medir las actitudes sociales sobre la violencia contra las mujeres; desarrollar campañas educativas masivas que desmitifiquen los estereotipos predominantes sobre hombres y mujeres, así como las definiciones de lo masculino que pueden fundamentar la violencia; involucrar a ídolos públicos masculinos en su diseminación; y evaluar hasta qué punto las representaciones que hacen los medios de comunicación reflejan o refuerzan los esquemas patriarcales existentes, aun cuando sus descripciones informativas sean de denuncia.
Una sociedad que naturaliza la violencia física en el hogar al considerarla “normal” o, peor, “merecida”, que es insensible ante la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones de guerra, sobre todo si son pobres, desplazadas, solteras o viudas, indígenas o afrocolombianas, y en donde todas las partes del conflicto utilizan la violencia sexual como arma, es una sociedad en la que también pueden ocurrir crímenes abominables como el de Rosa Elvira Cely. Además del silencio, que afortunadamente ha comenzado a romperse, el peor enemigo es el desconocimiento.