La declaración del estado de excepción para enfrentar unas ficticias amenazas internas y externas contra la “patria” es tan solo la última de las locuras de Nicolás Maduro. Con cada gesto contrario de la voluntad popular —en este caso el trámite del referendo revocatorio—, el mandatario se atrinchera aún más en una estrategia kamikaze que lleva a Venezuela a un punto de no retorno.
Sumado a esto, las crecientes protestas y saqueos por la escasez de alimentos, medicamentos, electricidad y otros bienes básicos, y por el colapso de los ingresos a causa de la rampante inflación, reflejan un grado de conflictividad social que puede tornarse violenta de no diseñarse una solución a la crisis económica.
Aunque Maduro le apueste a este statu quo aberrante, su insostenibilidad —aun con precios de petróleo más altos— resalta la inminencia de una transición política. Descartando un golpe de Estado de los mismos militares que usufructúan el poder, la polarización existente, inclusive en el interior de la oposición venezolana, sugiere la deseabilidad de algún tipo de acompañamiento internacional.
Son tres las alternativas que se visualizan hoy. La primera, consistente en una mediación ejercida por el Vaticano, replicando su exitoso papel en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, resulta distante, dada la cancelación reciente de la visita que el canciller de la Santa Sede tenía planeada al país, por solicitud del mismo Gobierno.
La segunda es que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, convoque una reunión del Consejo Permanente para analizar la pertinencia de aplicarle a Venezuela la Carta Democrática, que se prevé en casos de alteración del orden constitucional que afectan el funcionamiento de la democracia. Si bien el duro rifirrafe entre Maduro y el titular de la OEA puede haber agriado el clima político para esto, meter la situación venezolana en la agenda interamericana no suena imposible ahora que el chavismo no ejerce la misma influencia que antes sobre el voto de algunos miembros.
Por último, han ofrecido sus buenos oficios los reconocidos líderes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), convocados bajo la sombra de Unasur para la polémica “comisión de la verdad”, creada en contraposición a la ley de amnistía decretada por la Asamblea Nacional —para liberar a más de 75 dirigentes de la oposición aún en prisión— y derrocada por el Tribunal Supremo. Aunque otros intentos de mediación patrocinados por Unasur han fracasado, la soledad internacional y nacional de Maduro podría hacer la diferencia esta vez.
Como nota positiva en medio de esta pavorosa crisis, la población venezolana da muestras todavía de seguirle apostando a una salida pacífica y de confiar en la vía electoral. Este destello de esperanza clama por la atención de América Latina y el mundo a la hora de navegar entre su relación con Maduro y su apoyo a la Constitución de Venezuela.