De niña vivía en los suburbios de Chicago.
En 1977, en el pueblo aledaño de Skokie, de mayoría judía (incluyendo miles de sobrevivientes del Holocausto), el Partido Nacionalsocialista de América quiso realizar una marcha pública. Mientras que los habitantes, escandalizados, trataron de impedirla con el argumento de que incitaría al odio contra los judíos y terminaría en violencia, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) defendió el derecho constitucional de la Primera Enmienda a la libre expresión de los nazis. En su fallo, la Corte Suprema tomó partido por éstos y conceptuó que por más que su discurso promoviera el odio racial y religioso, no se podía negar ese derecho ni el porte de la esvástica. Casi una década antes, en el caso Brandenburg vs. Ohio, la Corte falló que era inconstitucional sancionar a un miembro del Klu Klux Klan, también representado por el ACLU, por invitar a la venganza contra negros y judíos. Y hace poco, esa organización volvió a defender el derecho del KKK a publicitar sus ofensivos símbolos e ideología.
El caso de Skokie, que en retrospectiva nutrió mi creencia absoluta en la libertad de expresión, pone de relieve que, además de necesario, es posible defender el derecho al discurso obsceno, racista o xenófobo sin tener que identificarse con sus contenidos. Fue este el mensaje de quienes promovieron el “Je ne sui pas Charlie”, en contravía de la masiva movilización global ocasionada por el vil e injustificable ataque contra el semanario Charlie Hebdo en París. Sin embargo, entre algunos círculos políticos y mediáticos la no suscripción del “Je suis Charlie” ha terminado confundiéndose con el rechazo a la libertad de expresión e, incluso, la defensa del terrorismo. Peor en el caso de las comunidades musulmanas, a las que se ha vuelto rutinario exigirles (como a ninguna otra) la denuncia pública de hechos de violencia, bajo el supuesto cuestionable de que si no afirman lo contrario, deben apoyarlos.
La reacción a lo ocurrido en Francia a partir de dos opciones mutuamente excluyentes —je sui o je ne sui pas Charlie— no sólo impide entender el hecho en toda su complejidad, sino que corre el riesgo de reproducir la misma narrativa orientalista de “choque de civilizaciones” planteada originalmente por Samuel Huntington. Asimismo, sugerir que la violencia yihadista constituye la arremetida definitiva en contra de la libertad de expresión hace perder de vista que también está bajo amenaza en el propio seno de las sociedades occidentales, como lo sugieren el escándalo reciente del National Security Agency (NSA), el apoyo europeo y estadounidense a regímenes represivos (muchos de cuyos líderes marcharon en París) y la censura velada que practican algunas democracias respetables.
Inaceptables actos violentos, como el que se perpetró contra Charlie Hebdo, no sólo resultan de la intolerancia del yihadismo radical, sino de las políticas de Occidente, origen tanto de la libertad de expresión y el Estado de derecho como de la esclavitud, la colonización y la explotación. Es tristemente lógico que el racismo, la xenofobia y la brutalidad policial que experimentan muchos jóvenes marginales ofrezcan terreno fértil para la radicalización. Hace casi un siglo, el juez estadounidense Louis Brandeis planteaba que “la represión cultiva el odio y el odio amenaza el gobierno estable”. ¿Será que podemos aprender de esa advertencia?