Entre todo lo que implica la construcción de la paz, la reforma al sector seguridad (RSS) ha sido de los temas más sensibles y controversiales. Además de la transformación de los roles de las Fuerzas Armadas, la limitación de su autonomía doctrinal y política y la incorporación de los exguerrilleros a su “rancho”, la reducción de efectivos y de presupuesto plantea no solo la pérdida de poder entre la cúpula, sino la del empleo para el personal militar (y policial).
En Colombia, el Gobierno, los mandos y algunos expertos repiten al unísono que el tamaño de la fuerza pública no será reducido en el posconflicto, pese a que tanto la situación actual del sector como la experiencia internacional sugieren lo contrario.
Según cifras del Ministerio de Defensa (MDN), entre 2002 y hoy el número de efectivos (sumando las Fuerzas Militares y la Policía) ha crecido de 313.400 a unos 482.000. A su vez, la base de datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) indica que el gasto militar colombiano ha aumentado anualmente desde 1998, poniendo al país en el segundo lugar de América Latina, después de Brasil, aunque como porcentaje del PIB, somos los que más invertimos en la región: 3,5% en 2015.
Si bien es cierto que los desafíos en materia de seguridad tienden a aumentar en el período posterior a la firma de un acuerdo de paz —situación que se agrava en el caso nuestro por las actividades de las bacrim—, el alto número de efectivos (sobre todo militares), la necesidad de redireccionar el gasto público hacia el desarrollo y la prevalencia de saberes y tácticas asociadas con el conflicto armado, difícilmente adaptables a otras funciones, apuntan a que algún personal quedará cesante en la transición al posconflicto.
El hecho de que el MDN se rehúsa a hablar de RSS, refiriéndose en su lugar al cambio de roles por la existencia de otras amenazas distintas a la guerrilla, es sugerente.
Dentro de esta visión multimisional —que incluye el apoyo a la seguridad ciudadana, el combate al crimen organizado, el desminado, la cooperación internacional bilateral y la participación en operaciones multilaterales de paz con la ONU, la OTAN y la Unión Europea, la atención a desastres naturales, la mitigación de los efectos del cambio climático, y la protección del medio ambiente y los recursos naturales—, la mayoría no es susceptible de absorber si no parte del exceso de mano de obra que se prevé en el futuro mediano, y plantea el riesgo de la militarización de temas que deben quedar por fuera del radar de la defensa.
Casos como el de Sudáfrica (y Colombia), en donde ex miembros de la fuerza pública engrosan las filas de las compañías privadas de seguridad y actúan como mercenarios alrededor del mundo, por no mencionar a Centroamérica y México, algunos de cuyos militares y policías han terminado al servicio del crimen organizado, resaltan la urgencia de un debate público sobre este quisquilloso tema.