La sugerencia reciente del fiscal general, Eduardo Montealegre, de que los guerrilleros que firmen la paz y estén acusados de cometer crímenes asociados al conflicto armado podrían recibir penas alternativas de carácter social —como, por ejemplo, participar en actividades de desminado o de erradicación de cultivos ilícitos—, ha levantado ampollas entre algunos líderes de opinión, el procurador, Alejandro Ordóñez, y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, los cuales han insinuado que toda sanción que no sea cárcel equivale a impunidad.
Esta posición, que se fundamenta en la ley del talión, sobrepone el castigo a la paz, como si el primero fuera un fin en sí mismo, al tiempo que ignora una larga e ilustrativa experiencia internacional con la justicia transicional. La Transitional Justice Database indica que entre 1970 y 2007 fueron utilizados 854 mecanismos distintos en 161 países diferentes del mundo con el fin de resolver conflictos de diversa naturaleza. Ello sugiere que no existe un modelo único (ni perfecto) de justicia. Sin embargo, la mayoría de la creciente literatura sobre justicia transicional coincide en que sus tres pilares básicos —garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos, reparar a las víctimas y crear fundamentos sólidos para la seguridad y la paz a futuro— son más accesibles a través de estrategias no punitivas.
Más allá de cualquier consideración política o legal, la disyuntiva que enfrenta Colombia, como toda sociedad en conflicto, es en el fondo de carácter moral. Tristemente, lo que sugiere el apego obstinado de sectores influyentes de la sociedad al “ojo por ojo, diente por diente” en lo que concierne a la negociación con la guerrilla, es que el país aún se halla en la infancia en lo que a moralidad respecta.
En su estudio sobre el desarrollo del pensamiento moral, Lawrence Kohlberg argumenta que el individuo transita por distintas etapas en las que sus nociones rígidas y simples acerca de la obediencia a las reglas sociales y el castigo cuando éstas se violan, así como del bien y el mal, van reemplazándose por la conciencia de que las reglas que rigen cualquier sociedad que aspira a ser moralmente buena deben ser producto de un consenso entre los distintos valores e ideologías que existen en su interior. Como lo ilustra bien la Alemania nazi, no toda sociedad ordenada y respetuosa de la ley es necesariamente buena. El consenso se construye mediante lo que denomina John Rawls el velo de ignorancia, consistente en “ponerse en el lugar del otro”, es decir, examinar cualquier situación y asumir posiciones sin conocer el lugar específico que ocupamos dentro de la sociedad.
Traducido al contexto colombiano, la pregunta que plantea la actual coyuntura es si la paz, o, al contrario, el castigo, brinda mayores posibilidades de construir una sociedad mejor y más justa. El hecho de que casi todos los colombianos quieren la paz es razón suficiente para concluir que ésta debe tener prioridad moral por encima del castigo. Lo que no entienden quienes siguen viendo el conflicto en blanco y negro es que ello también constituye justicia. Como advierte un proverbio de los shenandoah: “Ya no es suficiente exclamar paz, tenemos que ejercer la paz, vivir la paz y vivir en paz”. Ir más allá de la ley del talión es lo único que lo garantiza.