Lo que más indignación causa de la aireada discusión nacional e internacional que se ha generado en torno al escándalo de las fufurufas en Cartagena es todo lo que ésta ha terminado por ocultar.
En su columna en la revista Semana, María Jimena Duzán alude a uno de los temas invisibilizados: la falta de oportunidades profesionales mejor remuneradas que la prostitución en Colombia. Quisiera referirme aquí a otro que me parece aún más alarmante: la trata de personas.
El comercio ilícito de seres humanos —que afecta a más de 12 millones en el mundo— se define como la captación, transporte o recepción de personas mediante la fuerza u otras formas de coacción, incluyendo el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad (como la necesidad económica), con fines de explotación. La explotación sexual, el tipo más común de trata, afecta principalmente a mujeres entre 18 y 24 años, y a niñas y niños. Según la Organización Internacional para las Migraciones, Colombia es el tercer país con mayor número de víctimas en América Latina y el Caribe. Aunque Asia Oriental y España figuran entre los primeros destinos del comercio de colombianas, también operan redes dentro del país para moverlas de una región a otra.
La trata de personas opera bajo lógicas similares a las del tráfico ilícito de drogas y armas. De hecho, muchas de las organizaciones criminales transnacionales dedicadas a esos dos negocios participan en el de la explotación humana, haciendo uso de los mismos intermediarios, infraestructuras y rutas. Pese a ser el tercer comercio ilícito más lucrativo del mundo —se estima que las ganancias anuales ascienden a $32.000 millones de dólares—, son pocos los recursos, deficientes las estrategias destinadas a combatirla y escaso el conocimiento que se tiene sobre ella. Se trata de un eslabón ‘inferiorizado’ del comercio ilícito transnacional, no sólo por el tipo de víctimas (femeninas) que produce, sino porque la violencia ‘espectacular’ asociada con el tráfico de drogas y armas la hace inmaterial.
Además de a las mujeres mayores de edad, la trata de personas con fines de explotación y turismo sexual afecta crecientemente a niñas y niños. Un informe emitido cada año por el Departamento de Estado identifica de forma sistemática a ciudades de la Costa Caribe (como Cartagena) como centro de turismo sexual, especialmente de menores. Como reflejo de ello, en 2011 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar observó un aumento notable en casos de explotación sexual infantil en el país.
¿Por qué no aprovechar la visibilidad del gobierno Santos en el debate sobre drogas ilícitas y plantear la necesidad de mejorar las políticas mundiales para acabar con la trata de personas? Y no sólo a nivel de los estados, los organismos internacionales y la academia especializada, sino entre otros sectores que por comisión u omisión han sido cómplices. Según Duzán, el Hotel Caribe, que pertenece a una destacada cadena española, parece tener prácticas institucionales que fomentan o al menos facilitan el turismo sexual. Como también la aerolínea Spirit, que por solicitud colombiana tuvo que retirar una publicidad aparecida poco después del episodio del Servicio Secreto, que prometía “más sexo por su plata” en vuelos a Cartagena. Más allá de las fufurufas se esconde una espinosa realidad que apenas comenzamos a ver.