En situaciones de conflicto armado la violencia de género se ha convertido en una táctica militar utilizada regular y sistemáticamente por los ejércitos regulares e irregulares para humillar o aniquilar al “enemigo”, ejercer control territorial y aterrorizar a la población civil.
Las cifras tan sólo de violaciones son escandalosas: alrededor de 50.000 mujeres durante la guerra en Bosnia; 60.000 en Sierra Leona; 40 por día en Kivu del Sur, provincia de la República Democrática del Congo; y 500.000 durante los 100 días del genocidio en Ruanda.
El hecho de que la violencia sexual se haya convertido en un arma cotidiana de los conflictos violentos ha dado lugar a su tipificación como crimen de guerra y de lesa humanidad por parte de distintos organismos internacionales y regionales. Las resoluciones 1325 (2000), 1820 (2008) y 1888 (2009) de la ONU la identifican adicionalmente como un asunto de seguridad, y establecen compromisos de los Estados miembros para prevenir y castigar su ocurrencia así como mecanismos colectivos para combatirla.
El aborto inseguro o ilegal también ha sido reconocido mundialmente como un problema grave que constituye la causa principal de mortalidad maternal. Tiene en común con la violencia sexual el hecho de que sus víctimas principales son mujeres, condición a la que se juntan otros factores de discriminación, incluyendo el estatus socio-económico, raza y etnia. La Organización Mundial de la Salud estima que de 42 millones que abortan al año, casi la mitad lo hace de forma insegura o ilegal. La mayoría de las 70.000 muertas y 8 millones que sufren complicaciones posteriores son jóvenes, pobres, con poca educación, “de color”, y habitan zonas rurales de los países en desarrollo.
Desde la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), el Estado colombiano ha suscrito un sinnúmero de acuerdos que lo comprometen con la protección de los derechos de las mujeres. A pesar de un creciente piso jurídico que refleja dicha obligación, no existe todavía una voluntad política inequívoca para combatir problemas como la violencia sexual y el aborto inseguro, que han adquirido niveles alarmantes en el país.
Aunque las cifras son escasas e inexactas, puede presumirse que el porcentaje de mujeres que son violadas como resultado del conflicto armado y que abortan es alto. Sin embargo, son pocas las interrupciones legales del embarazo en comparación con los abortos ilegales: menos de 5.000 desde 2006, cuando el aborto fue legalizado en casos de violación, malformación y peligro para la vida de la madre, versus entre 250.000 y 320.000 al año. A la falta de información y trabas que impiden el ejercicio de este derecho, se suman las posiciones retrógradas e hipócritas de quienes buscan revocarlo —entre otros la Iglesia católica, el Procurador y el director del Partido Conservador— que al mismo tiempo que deploran impúdicos crímenes de guerra como el de los niños de Tame, condenan a quienes han sido violadas a causa de ella.
No exageró un ex comandante de una misión de paz de la ONU al afirmar que en los conflictos armados de hoy es más peligroso ser mujer que soldado. Sobre todo en Colombia.