La semana pasada anticipé que las dos tensiones primordiales que se observan en la democracia de Israel son el poder de la religión y la cuestión palestina. En el caso de la primera, la influencia desproporcional de una minoría ultraortodoxa ha llevado a tomar decisiones contrarias a la voluntad de las mayorías seculares y no ortodoxas, incluyendo la diáspora judía en Estados Unidos. La segunda pone de presente la paradoja existente entre el ejercicio democrático y la ocupación territorial, aun reconociendo los considerables desafíos existenciales que ha enfrentado el Estado israelí por la negación de algunos vecinos de su derecho a existir.
A manera de contexto, entre el armisticio de 1949 entre Israel y sus vecinos árabes y la Guerra de los Seis Días de 1967, la “línea verde” constituyó una frontera de facto con los palestinos, más allá de la cual no había asentamientos judíos. Sin embargo, a partir de la anexión posterior en 1967 de Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza y los Altos de Golán, éstos comenzaron a proliferar. El proceso de Oslo, que estableció los cimientos del Estado palestino, fijó una división transitoria de Cisjordania en tres áreas: A (18 %), bajo control de la Autoridad Palestina; B (22 %), con responsabilidad palestina e israelí compartida, y C (60 %), controlada por Israel. Sin embargo, en lugar de incentivar la reducción de los asentamientos en el área C, el número de colonos ha crecido exponencialmente desde entonces (con excepción de Gaza, de donde Israel se retiró en 2005), alcanzando unos 600.000 en la actualidad, casi un 10 % de la población judía.
Los asentamientos cumplen varios objetivos. Al tiempo que impiden la unificación territorial del Estado palestino, que está dividido entre una Cisjordania fracturada en su interior y Gaza, justifican la presencia militar israelí más allá del área A, por “razones de seguridad”, y con ella la vigilancia de los palestinos. Por otro lado, sirven de válvula de escape ante la explosión de precios de la vivienda en Israel al ofrecer alternativas subsidiadas fuera de las urbes, algunas sorpresivamente parecidas al sur de California.
Los muros y carreteras modernas que “defienden” los asentamientos y los comunican con el resto de Israel constituyen otro elemento central de la ocupación israelí que costriñe no sólo la viabilidad del Estado sino la vida misma de los palestinos. El drama de éstos para ir de un lugar a otro, dadas todas las restricciones a su movilidad (y sin considerar siquiera el hacinamiento y la crisis humanitaria vividos en Gaza) es desgarrador, indignante y en muchas ocasiones humillante. Como lo es también el monopolio israelí del agua y la electricidad, que abundan en los asentamientos pero escasean en la cotidianidad palestina.
Aunque el conflicto Israel-Palestina está atascado por motivos distintos a los asentamientos, incluyendo el estatus de Jerusalén y el derecho de retorno de los cinco millones de refugiados palestinos, una práctica colonial como la ocupación ejerce un efecto radicalizador en ambos lugares, tanto a nivel oficial como social. Además de incentivar la violencia, hace aparentemente inviable la solución de dos estados, por más deseable que la mayoría de israelíes y palestinos la considere. Pero también aumenta el estigma internacional de Israel, tema de mi próxima columna.