La misión política especial (MPE) no armada que aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU para verificar y monitorear el cese bilateral del fuego y de hostilidades, y el desarme, parece hecha a la medida de las particularidades del proceso de paz en Colombia.
Sin embargo, la decisión de internacionalizar el fin del conflicto, por más deliberada y voluntaria que haya sido, constituye una cesión de autonomía cuyas implicaciones aún están por verse.
Además de presidir y coordinar el mecanismo tripartita acordado por el Gobierno y las FARC para el cese bilateral, la misión de la ONU estará a cargo del proceso de dejación de armas de la guerrilla. Para ello, queda en manos de la Secretaría General (SG) y el Consejo de Seguridad (CS), respectivamente, formular y aprobar el tamaño, mandato y aspectos operativos de la misión. Es justamente aquí en donde la “impronta colombiana” puede diluirse.
Pese a la unanimidad, velocidad y placidez con la que se aprobó la Resolución 2261, en los debates previos algunos miembros del CS señalaron la necesidad de ampliar la participación en la MPE más allá de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entre los cuales en todo caso Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, y en menor medida, Guatemala, Perú y El Salvador, reúnen una experiencia significativa. Así, en el texto de la 2261 “se espera” la contribución de la Celac sin asumir compromiso alguno. Por esto, la cumbre de hoy en Quito, en la que el presidente Santos y el delegado del SG “medirán el aceite” de los mandatarios asistentes, resulta tan importante.
Además de la selección de los integrantes de la misión, la ONU tiene un amplio margen decisorio en la definición de su mandato. Desde los noventa, el alcance de las MPE ha expandido para incluir temas como la mujer y los derechos humanos. Como mínimo, la introducción de una perspectiva de género a la definición del cese de hostilidades llevaría a la incorporación de la violencia sexual a las actividades de verificación, algo que contraviene el carácter “masculino” que ha tenido el proceso de paz. Igualmente complejo, un mandato en derechos humanos y la coordinación de actividades entre la MPE y las otras oficinas de la ONU en Colombia, como el Alto Comisionado, generaría un grado (positivo) de fiscalización que el Gobierno y las FARC han buscado evitar sobre un tema de alta sensibilidad política.
Más allá de esto, la ONU no es panacea. Sus tiempos de ejecución son lentos, sus procedimientos operativos momificados y sus intereses (sobre todo en el caso del CS) son egoístas. Tal vez, en la apuesta de que Colombia ofrece una oportunidad de reivindicación de la deteriorada imagen de la Organización como garante de la paz, es que Gobierno y FARC aspiran preservar algún margen de maniobra.