En el incidente de Arauca, en el que hasta 100 militares venezolanos acamparon e izaron bandera en territorio colombiano, se juntan varios factores: el cambio habitual en el cauce, vaguada e islas del río; el movimiento cotidiano de fuerza pública, civiles y bienes legales e ilegales por ambos lados de la frontera; la falta palpable de los dos estados en la zona, y el uso maniqueo de disputas limítrofes y “graves amenazas” originadas en Colombia para incentivar el apoyo nacionalista a Nicolás Maduro. Independientemente de la lectura que se haga de lo ocurrido, la pregunta del millón que plantea es qué hacer.
En una aguda radiografía publicada en la edición 91 de la revista Foro, la reconocida experta en el tema, Socorro Ramírez, explica cuán volátil es la situación en el interior de Venezuela. La crisis económica, caracterizada por una inflación, devaluación del bolívar y déficit fiscal altísimos, pérdida de reservas internacionales, cierre de industrias locales y disminución en la producción de petróleo, ha provocado desabastecimiento de alimentos básicos y medicamentos, pérdida de capacidad adquisitiva y retrocesos severos en los índices de desarrollo humano. A esto se suma el deterioro democrático, la ingobernabilidad, la pérdida de legitimidad del Gobierno y los militares, y tasas epidémicas de inseguridad y violencia.
Desde la óptica de la interacción colombo-venezolana, el manejo conjunto de la larga y compleja frontera que comparten los dos países se ve entorpecido, no sólo por todo lo descrito, sino por la inoperancia de mecanismos institucionales de vecindad instaurados desde los años 90 y la renuencia de Maduro a que funcionen los grupos de trabajo bilaterales acordados en 2010, cuando se intentó normalizar relaciones. De allí que episodios como Arauquita traigan el riesgo implícito de una escalada, ya que no hay instrumentos diplomáticos formales que permitan atenderlos de forma rápida y ágil.
Pese a los intentos de mediación internacional liderados por Unasur, los expresidentes de España, Panamá y República Dominicana y el papa para dar salida a la crisis venezolana, estos han sido infructuosos. Ante la interrupción de la democracia, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también ha insistido en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. El informe que acaba de publicar sobre Venezuela ha reforzado dicha petición, así como la solicitud de 18 países miembros de la organización de que Maduro dé señales de restaurar el Estado de derecho, incluyendo la liberación de presos políticos, la fijación de un calendario electoral y el reconocimiento de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
Más allá de la defensa mecánica de la soberanía o la solidaridad política con Maduro, la actual parálisis regional refleja una falta de claridad sobre cómo actuar. La expulsión de Venezuela de la OEA, además de lejana, podría ser contraproducente, mientras que el camino más indicado —presionar al Gobierno a permitir la ayuda internacional para la crisis humanitaria y negociar una transición política— elude toda fórmula sencilla. La sesión extraordinaria de ayer en la OEA dará pistas sobre la voluntad regional de endurecer su posición, lo cual será también decisivo para el manejo colombiano de la relación con Venezuela.