La política internacional de los derechos humanos de Colombia ha oscilado entre distintas estrategias diseñadas para matizar la brecha entre el sofisticado marco legal de protección que existe en el país y su récord negativo en materia de derechos humanos.
Éstas han incluido la negación de la existencia de violaciones, la distracción de la atención sobre la responsabilidad del Estado mediante la inculpación a terceros (como la guerrilla), la creación de alianzas diplomáticas con otras naciones “problema”, la firma de cuanto tratado internacional exista y el compromiso aparente con la defensa de estos derechos.
Mientras que el gobierno de Álvaro Uribe cooperaba a regañadientes con los condicionamientos externos impuestos, sobre todo para evitar la suspensión de la ayuda militar de Estados Unidos, desde su posesión el de Juan Manuel Santos ha reiterado que el suyo respeta los derechos humanos por convicción y no por imposición, y ha dado señas para comprobarlo. Ha reemplazado la satanización de los defensores de los derechos humanos por un discurso de tolerancia y diálogo; ha pedido perdón en nombre del Estado por varias masacres en las que éste tuvo responsabilidad; y ha demostrado su compromiso con la reparación con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Pese a lo anterior, también persisten grados importantes de continuismo. Colombia sigue aliándose en foros como la ONU con otros estados violadores de los derechos humanos como China, Cuba e Irán, eludiendo el escrutinio internacional e inculpando a otros, como ocurrió en el caso de Mapiripán, en que la denuncia de las “falsas víctimas” puso en duda la existencia misma de aquella masacre. Un ingrediente nuevo, tal vez, es la táctica utilizada.
Las reacciones del gobierno Santos a las duras críticas formuladas por ONG como Human Rights Watch al proyecto de reforma constitucional a la justicia, en especial el fuero militar, así como su posición en la última reunión del Consejo Permanente de la OEA —consistente en solicitar la eliminación del Capítulo IV (sobre casos preocupantes) de los informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el pretexto de que los criterios para incluir a unos países (como Colombia) y excluir a otros son “politizados”— presumen un nivel de autosuficiencia que permite, por un lado, reconocer como legítimas las preocupaciones que existen en el exterior sobre el país, pero por el otro, descartarlas como una intromisión innecesaria en sus asuntos internos.
Esta táctica de la autosuficiencia no se limita a los derechos humanos, sino que está siendo usada frente al conflicto armado interno, en donde el rechazo a la mediación internacional e incluso a recomendaciones sobre cómo buscar una solución negociada, se ha transmitido de forma explícita al cuerpo diplomático extranjero, en distintos foros internacionales y en los medios de comunicación.
Si bien la “historia de éxito” de la seguridad democrática indica que el Estado colombiano puede resolver los problemas del país sin la injerencia de actores internacionales, de continuar utilizándose para paralizar el debate sobre temas como los derechos humanos, el conflicto armado y la paz —cuya administración se ha globalizado— la táctica de la autosuficiencia también puede convertirse en un arma de doble filo. Con todos los costos que ello pueda generarle a Colombia.